El incendio en el que nos metimos

Siempre me llamó la atención que en los camiones cisterna que transportan combustible hay un mensaje que parece contradictorio: “Inflamable. No intentar apagar con agua”. La adultez me ha mostrado que en Colombia hay incendios que el sistema intenta apagar…con gasolina.

De la vinculación de la cadena de almacenes Lili Pink a un proceso de extinción de dominio y la imputación penal de sus administradores -el incendio-, redobló otra noticia que da cuenta de la terminación masiva de contratos de arrendamiento de los puntos de venta de la cadena en centros comerciales del país -el “extintor”-.

Es claro que a estas alturas la investigación tendrá que avanzar y probar lo que corresponda, pero quedando por jugar mucho tramo de ese partido se desnuda un problema profundo y recurrente: el Estado colombiano diseña un sistema en el que distintas normas persiguen objetivos incompatibles entre sí. Si las redactaran Caín y Abel, habrían logrado más sinergia.

Por un lado, la ley de extinción de dominio plantea un fin loable: los bienes afectados con medidas cautelares deben seguir siendo productivos, generar empleo y evitar convertirse en una carga para el erario. Si una empresa resulta involucrada en un proceso, destruirla antes de tiempo afecta a sus propietarios, trabajadores, proveedores, arrendadores, clientes. Y en teoría, para eso existe la SAE. Para administrar, preservar valor y evitar que los activos se conviertan en edificios vacíos y vitrinas apagadas mientras pasan indolentemente varios lustros para que se resuelva la controversia.

Pero mientras una mano del Estado intenta mantener la productividad, la otra promueve que nadie lo haga. Un eufemismo que especialistas llaman “riesgo de contagio”, en franca oposición de lo primero.

Paralelamente, durante los últimos años, Colombia ha venido construyendo un entramado de normas de compliance, que plantea la obligación de algunos actores del mercado de implementar SAGRILAFT y PTEE que se concretizan en un miedo, casi reflejo, a cualquier posibilidad de contagio por tener vínculos comerciales con una sociedad o personas vinculadas a procesos de extinción, aún en etapas pre-púberes.

Habría que decir que esa interpretación irracional del compliance proviene de un trauma no resuelto originado en la doctrina de algunas autoridades que señalan como coautor o cómplice a cualquiera que tenga vínculos con personas vinculadas a estos procesos y pregonan que era deber saber de sus actividades “extracurriculares” o que debieron prevenirlo. Poco importa si apenas existe una medida cautelar en fase inicial o si ni siquiera se ha presentado formalmente la demanda de extinción de dominio. Mucho menos importa la presunción de inocencia.

Y sobre esos traumas, el ecosistema adoptó como tesis empresarial que quedarse es más costoso que salir corriendo porque la noticia comentada cuenta la crónica de que ningún centro comercial quiere explicarles después a las autoridades o al propio mercado (bancos, auditores, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento o inversionistas) por qué decidió mantener una relación contractual con una compañía salpicada por una investigación de lavado de activos. Ni la presencia de la SAE pareciera purgar el riesgo. En compliance, el miedo viaja más rápido que la ponderación.

Nuestro sistema parece no haber calculado las consecuencias de esa paradoja que normas y sentencias fomentan. Si la finalidad de la extinción de dominio es preservar la productividad de los bienes y mantener vivas las unidades económicas, alguien debería preguntarse cómo pretende lograrse eso en un entorno regulatorio donde todo incentivo apunta exactamente hacia lo contrario: romper vínculos, cerrar puertas y alejarse lo más rápido posible del riesgo.

De modo que la gran ironía del problema en el que nos metimos es que mientras la ley promete conservar empresas productivas, el ecosistema regulatorio y reputacional termina fomentando su asfixia antes de tiempo. Apagar incendios con gasolina. Lo sucedido es muestra de que el compliance en Colombia funciona. Claro que funciona. El problema es que no todas las piezas del sistema están hablando el mismo idioma porque construimos un modelo donde la SAE administra empresas que el propio mercado irremediablemente tiende a abandonar.