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Martes, 10 de febrero de 2015

Inicialmente el problema se centró en determinar quién era el encargado de la recolección y disposición de las llantas, mientras el daño ambiental seguía sin una solución efectiva. 

La Asociación Nacional de Industriales Andi, sostuvo que su colectivo no tenía la obligación legal de recolectar las llantas que se encuentran abandonadas en Bogotá, pues si bien, la Andi se ha encargado, desde hace dos años de incentivar y desarrollar el programa de posconsumo de llantas usadas, su labor no es hacerse cargo del problema ambiental, que le corresponde a la Alcaldía y a las autoridades ambientales, sino garantizar que sus asociados realicen de manera adecuada el proceso de recolección y disposición de llantas, a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo. 

Tal como lo afirmó el Director Ejecutivo del programa de posconsumo de llantas usadas “Rueda Verde”, hoy hay mas de 150 empresas importadoras y comercializadoras de llantas, que no han dado cumplimiento a la regulación y sobre las cuales no ha recaído ninguna actuación por parte de la autoridad ambiental competente, pues solo hasta que se reportó el incendio el año pasado, la Secretaria prendió las alarmas sobre la problemática de llantas en la Capital,  y se interesó en implementar lo establecido en la Resolución 1457 de 2010. 

Dicha resolución buscaba obligar a los productores y comercializadores de llantas a encargarse de crear sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental, sin embargo, la norma quedo con muchos vacíos, pues i), no es claro el proceso para la debida disposición de los residuos por parte de los generadores, ii) excluyo de la regulación la disposición de llantas de motocicletas, a pesar de las 400.000 motos matriculadas en Bogotá,  iii) se excluyeron muchos sectores que hacen parte del problema, como lo son los montallantas y talleres de vehículos y iv) no propone mecanismos de posconsumo, lo cual se convierte en el problema principal, pues las bodegas que reciben las llantas, han llegado a su capacidad máxima de almacenamiento, lo que dificulta su disposición y genera riesgos ambientales tal como el incendio de noviembre de 2014.

Teniendo en cuenta los vacíos normativos, la semana pasada en una reunión sostenida con los Directivos de la Andi y diversas entidades distritales, el Alcalde Gustavo Petro instruyó a los organismos competentes para aplicar el recién implementado comparendo ambiental, a aquellos que realicen una mala disposición de llantas en la ciudad. Según el Alcalde, el comparendo deberá aplicarse a las empresas que fabriquen o importen llantas y no tengan un esquema eficaz de tratamiento de las mismas, imponiéndole multas entre 5 y 20 smlmv por cada infracción cometida. 

Pero la solución al problema no radica en multar a las empresas que fabriquen o importen llantas, o de clausurar las bodegas que las almacenen, sino de implementar un uso posterior. Si bien la Andi se ha encargado de recibir las llantas usadas para el posconsumo, la responsabilidad no debe recaer únicamente en las empresas privadas. Es tarea del Gobierno implementar procesos productivos que permitan la utilización posterior de esos residuos. 

Hasta ahora la SDA esta buscando formas alternativas para la utilización de las llantas usadas, por medio de una nueva norma que busca usarlas como materia prima para la fabricación de asfalto, sin embargo Bogotá no cuenta con una planta de trituración de llantas usadas, por lo tanto es necesaria la intervención del Ministerio de Ambiente y de la Anla, como autoridad competente, para la creación de una norma que no solo se establezca los responsables de la recolección selectiva de las llantas usadas, sino que incentive el posconsumo, dando alternativas para su aprovechamiento. 

Es hora que de todas las autoridades ambientales se pongan la camiseta para darle una solución efectiva al problema, para que de esta manera y con campañas de concienciación los bogotanos tomemos conciencia del daño ambiental que genera el abandono de llantas usadas, asumamos una responsabilidad de todos y dejemos de echarle la culpa y de castigar a las empresas que trabajan por el desarrollo del país.