viernes, 24 de julio de 2020

Para nadie es un secreto que la mayoría de las Corporaciones Autónomas Regionales se han convertido en nidos de corrupción y en fortines de politiquería y que, a su vez, a pesar de manejar un presupuesto bastante generoso, no generan los resultados esperados, por no estar dirigidas a ejecutar las actividades y programas de protección ambiental y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, para lo cual fueron creadas.

Esta situación ha sido identificada en múltiples ocasiones por los entes de vigilancia y control, quienes han manifestado que las 33 CAR, no son las mejores en desarrollar su función como autoridades ambientales, especialmente en temas de planeación ambiental del territorio, administración, seguimiento, control y vigilancia del uso del ambiente, de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas estratégicos, así como también han presentado irregularidades en la contratación.

Con el fin de eliminar este tipo de prácticas y hacer de éstas verdaderos entes encargados de la protección ambiental y el cuidado de los recursos naturales renovables, se presentó desde el año pasado, una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con apoyo interpartidista, para fortalecer la transparencia, gobernanza y gestión pública de las Corporaciones Autónomas Regionales.

El proyecto de ley contempla, entre otras modificaciones, una iniciativa que obliga a las CAR a implementar una estrategia de transparencia y acceso a la información pública, bajo criterios diferenciales de accesibilidad, aplicando la política de datos abiertos y de publicidad. De igual forma busca endurecer los requisitos en el procedimiento, para la elección de los directores. Estos tendrán un periodo en cuatro años, pero no podrán ser reelegidos, lo cual, en la actualidad se puede hacer por una vez. También se establece que el Consejo Directivo podrá remover al director general, cuando en el segundo año de su periodo no haya cumplido con 50% de las metas del plan de acción. Y para evitar el mal uso y despilfarro de los recursos, se adoptarán pliegos tipo, para la contratación y se establecerán claros instrumentos de planificación presupuestal.

El proyecto a su vez, modifica la composición de los consejos directivos de las CAR, al hacer parte de los mismo, a un delegado de entidades científicas regionales, con el fin de convertirlas en entidades más técnicas. De igual forma, otorga asiento en las juntas directivas de las Corporaciones, a un miembro de las poblaciones indígena, campesina y afrodescendiente y evita que los miembros del Consejo Directivo, durante el ejercicio de sus funciones y en el año siguiente a su retiro, puedan ser designados como director general de la Corporación. Por otra parte, establece estrategias para reducir los trámites que los ciudadanos deben cumplir ante las CAR.

Gracias a la labor del Congreso, el proyecto de ley, ya superó el primer debate en la Comisión Quinta del Senado de la República, luego de pasar por la Comisión Quinta y la Planearía de la Cámara de Representantes. Esta aprobación es un hecho histórico que celebramos, dado que, por más de 15 años, y con más de 20 proyectos legislativos, se han intentado reformar las CAR, sin éxito.

Por tanto, hay una gran expectativa con esta iniciativa, que evidencia la voluntad política de todos los sectores de sacar un proyecto que beneficiará a los territorios y al país, garantizando una mayor equidad e igualdad en los mismos.

Al reformar estas instituciones que para muchos son fortines políticos, que no cumplen con la tarea de protección ambiental, no solo se plantea empezar a cambiar la corrupción eterna de las instituciones del país, que por tantos años nos ha afectado, sino que, a su vez, recoge las solicitudes de la sociedad civil en materia de trasparencia y gobernanza, que en estos tiempos se hace tan evidente y que ya es necesario escuchar.