El conflicto minero que aqueja a Colombia por estos días va mucho más allá de los intereses económicos y políticos que confluyen en este eterno tire y afloje que ha visto cómo multinacionales extranjeras vienen a explotar las riquezas naturales de Colombia a costas del impacto medio ambiental, social e incluso de salud pública, un tema tan olvidado por estos días.
No más ayer, salió la denuncia de que las Farc podrían estar vendiendo tungsteno a las casas motrices de Ferrari y BMW en Europa; esto por su puesto sin el consentimiento de estas multinacionales reconocidas por su desarrollo industrial, su respaldo corporativo y su responsabilidad social. Lo grave del tema es que a pesar del impacto negativo hacia el medio ambiente, la vulneración de la salud pública, la falta de políticas de seguridad industrial y laboral, y la violación de los convenios internacionales establecidos por reconocidas organizaciones; en Colombia siguen produciendo aplicaciones industriales con productos tan mortales como el asbesto.
La OIT, Organización Internacional del Trabajo, expidió hace varios años el Convenio 162, el cual expresa literalmente que si el asbesto se puede sustituir por otra aplicación industrial, no deberá ser usado debido a sus ya bien conocidas particularidades cancerígenas, las cuales según la OMS, Organización Mundial de la Salud, exponen a 125 millones de personas en el mundo y matan a más de 110 mil anualmente.
Colombia, sus gobernantes, la Comisión del Asbesto, y otros implicados en estas políticas, no han querido entender la dimensión de esta problemática. Basta con ver el dinamismo pro electivo del Ministerio de Vivienda al entregar 100 mil casas para los colombianos de escasos recursos, lo cual se celebra, publicita y agradece, pero que puede cuestionarse a la hora de confrontar los beneficios políticos de la medida, debido a que altos representantes de juntas directivas de empresas dedicadas a la construcción (que posiblemente son las encargadas de revestir los techos de estas viviendas) factiblemente tengan una simpatía familiar entre quien lanzó este proyecto, el ex Ministro Germán Vargas y su hermano Enrique Vargas Lleras, miembro de la Junta Directiva de una multinacional especializada en techos y tejas con asbesto.
Un grave problema, más allá de los intereses económicos que pudieran existir al tratar de seguir defendiendo la construcción con un material que esta semana acaba de internar a Luis Alfonso Mayorga Hernández, otro colombiano en la Clínica Reina Sofía a causa del mesotelioma, es el que se vive en Campamento, un corregimiento del Municipio de Yarumal en el Departamento de Antioquia. Este corregimiento infortunadamente es reconocido por que no existe control total de la fuerza pública, porque las Farc están asentadas en sus tierras y el sustento principal, según habitantes de la zona, se divide entre la explotación del asbesto y el cultivo de coca.
Lo alentador de este tema es que no todo es malo, hay políticos del compromiso y la categoría del doctor Aníbal Gaviria, Alcalde de Medellín, quien hace pocos días habló sobre la necesidad de la innovación, los mecanismos para alcanzarla y la necesidad de construir con insumos libres de asbesto. Eso es lo que el país requiere, presencia y respaldo del Estado, sin compromisos, sin necesidades políticas, con responsabilidad, fundamento y proyección social de alto impacto.
Así mismo, es importante que los medios, las autoridades, los abogados y los médicos, alerten sobre este mal que ya está en el país y que diariamente aqueja a víctimas silenciosas, que por miedo a perder contra los más fuertes o porque la justicia es muy demorada, entierran a sus seres queridos sin una voz de aliento, compañía o respaldo.
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