El incremento del salario mínimo decretado para el año 2026 nos tomó entre celebraciones de fin de año junto con la planeación final del presupuesto anual en materia de costos laborales y, sin duda, aun cuando previsible un incremento sustancial del salario mínimo, lo fijado por el Gobierno excedió incluso las previsiones más fatalistas.
Si bien es indiscutible que se trató de una decisión con claros fines electorales, con independencia del impacto final de lo decretado en la economía y el empleo, pues en cualquier escenario se buscará sacar réditos políticos de lo que suceda, hoy nos enfrentamos a un salario mínimo que junto con el auxilio de transporte llega a la suma de $2.000.000 y, ante la tentación de caer en el círculo vicioso de las discusiones políticas, el empresariado enfrenta hoy un nuevo reto que pone a prueba su resiliencia y su capacidad de adaptación en materia laboral.
Es indudable que este aumento generará decisiones empresariales que afectarán la dinámica del mercado laboral y, esto alimentará aún más el discurso polarizado de antagonistas que nunca están dispuestos a encontrarse.
Al mismo tiempo y, aun cuando se pretenda desconocer por el Gobierno Nacional y sus seguidores, este incremento impactará de forma negativa en los niveles de informalidad laboral (problema estructural que no hemos resuelto históricamente) y, generará ineludiblemente el traslado del incremento de los costos laborales a bienes y servicios, presionando los precios al alza y elevando la inflación esperada para 2026, afectando últimamente el poder adquisitivo de los trabajadores que tanto se buscó proteger.
Este panorama, que al momento de escribir esta columna parece desolador – y no es para menos –, nos llama a la acción inmediata en materia legal laboral para efectos de tener debidamente mapeados todos los impactos que esto genera al interior de nuestras organizaciones, no solo en materia de costos laborales, sino en materia de clima y de equidad laboral, pues de esto dependerán las decisiones que en algún momento se deberán tomar en este camino.
Aun cuando no parezca tan claro en medio de tanto ruido, un incremento como el que se generó en el salario mínimo, resulta en un incremento de los costos laborales insostenible en algunos casos (pequeñas y medianas empresas), de la mano con tensiones en las bandas salariales que tenemos al interior de nuestras organizaciones, que derivará en un malestar generalizado de aquella población trabajadora que si bien no estaba tan cerca del salario mínimo, el 1º de enero de 2026 despertó mucho más cerca de este límite o incluso absorbida por este.
Y ni que hablar del impacto que tiene esta decisión en los salarios mínimos integrales del personal al interior de nuestras organizaciones, pues estarán paradójicamente, viéndose afectados por este incremento del salario mínimo, ya que en algunos casos se volverán inviables los incrementos que tendrán y el peso que estos representan en materia de costos laborales totales.
En este contexto, resulta aconsejable realizar una revisión integral de las estructuras salariales de nuestro personal, tanto en salarios ordinarios como integrales, así como de los esquemas de turnos operativos, a la luz de los recientes cambios en la normativa laboral, con el propósito de anticipar impactos económicos, optimizar los costos laborales y asegurar la eficiencia operativa junto con un incremento de la productividad, garantizando en todo caso el cumplimiento de las obligaciones legales.
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