viernes, 24 de abril de 2020

Nadie imaginó el alcance y la gravedad del covid-19. Hace unos meses poca atención se le prestaba y la posibilidad de considerarlo una pandemia era remota, por no decir inexistente. No obstante, el covid-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud y, casi un mes después, me encuentro escribiendo esta reflexión en cuarentena.

Mucho se ha escrito sobre las consecuencias jurídicas del covid-1919; en especial su impacto sobre el cumplimiento de los contratos celebrados y su relación con figuras como la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Sin embargo, pocas opiniones he visto en torno al covid-19-19 y la justicia, por lo que quisiera compartir una breve reflexión al respecto.

Como con otras áreas de la vida nacional, el covid-19 es un campanazo de los cambios urgentes que necesita nuestro sistema judicial. No solo porque revela lo arcaico del mismo en cuanto a la adopción de nuevas herramientas tecnológicas, sino porque nos recuerda la necesidad de tener un sistema judicial más ágil. Muchas serán las controversias que vengan a raíz del covid-19; muchas de aquellas relacionadas con el acaecimiento de circunstancias de fuerza mayor o de imprevisión. No obstante, muchas de ellas no serán resueltas en mucho tiempo, cuando ya de poco sirva la solución. Ya bien lo decía el filósofo Séneca: “nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”.

El covid-19 nos obliga a pensar en la necesidad de realizar cambios a nuestro sistema judicial para que proporcione soluciones rápidas y “justas”. Esto ya se sabe y propuestas ha habido muchas. Pero creo que las mismas han sido cojas, pues su enfoque se ha centrado en el sistema judicial y no en nosotros los abogados que acudimos constantemente a él.

La realidad es que nosotros los litigantes somos igual de culpables que el sistema por su mal funcionamiento. Somos nosotros los que presentamos memoriales y demandas ininteligibles, de cientos de páginas, para llegar a un punto al que hubiésemos podido arribar en media página. Creemos que nuestra responsabilidad termina cuando radicamos nuestros escritos y dejamos a nuestros jueces para que intenten interpretar la maraña argumentativa que les hemos presentado. Hace unas semanas, en su columna de ámbito jurídico, el profesor Javier Tamayo acertadamente hacía un llamado de claridad a los jueces en sus providencias[1]. Pues bien, el mismo llamado ha de hacerse a los litigantes.

En otras jurisdicciones, de tiempo atrás, notaron esto y se han tomado medidas al respecto. Por ejemplo, los ingleses no solo exigen que los jóvenes prospectos de abogado pasemos un curso para ejercer la profesión, sino que existe un curso aún más demandante para quienes queremos litigar (barrister). Esto no es para decir que debamos imitar el modelo inglés, pues también ha sido sujeto a críticas que lo acusan de volver elitista la profesión. Se trata de poner de presente que debemos hacer frente a cómo los abogados estamos ejerciendo irresponsablemente el litigio. Y es que no cualquiera puede sintetizar sus argumentos y presentarlos de una manera clara y precisa, como le es exigible a un buen litigante. Para ello se requiere entrenamiento serio, tanto en lo sustancial, como en la forma (v.g. aprender a leer y a escribir de verdad). Un cambio en la justicia en Colombia debe también comprender la formación y el ejercicio del litigante, pues litigar no solamente no es fácil, sino que trae consigo una enorme responsabilidad.

[1] Ver: https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/administracion-publica/suplica-que-las-sentencias-sean-cortas