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sábado, 4 de diciembre de 2021

En la lucha contra el cambio climático, Colombia se ha planteado unos objetivos muy específicos: reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 51% para el año 2030, ser un país carbono neutral para el año 2050 y que el 30% del territorio sea declarado como territorio protegido. Estos compromisos implican un reto muy importante para Colombia, en la medida que hace falta un marco regulatorio detallado, que involucre, entre varios aspectos, al sector privado.

Se empiezan a notar avances en cuanto a los compromisos de Colombia en el marco de la COP 26. El Ministerio de Minas presentó su actualización del PIGCC del sector minero-energético 2050 con el propósito de combatir el cambio climático, sin desconocer que ya cuenta con un Plan Energético Nacional 2020-2050 y con la Hoja de Ruta para el Hidrógeno.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la Estrategia Colombia Carbono Neutral, para aquellas empresas que quieran formalizar su compromiso con las metas climáticas del país.

La Ley 1931 de 2018, sin duda representa un gran avance en el marco institucional para la gestión del cambio climático, así como las medidas para alcanzar la carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono establecidas en el Proyecto de Ley de Acción Climática.

Sin embargo, ello no resulta suficiente si no se expide una reglamentación que permita implementar la funcionalidad del marco institucional de cara a la participación del sector privado, que es fundamental para contribuir al logro de los compromisos adquiridos.

Si bien en Colombia se han llevado a cabo ciertos proyectos de reducción y remoción de emisiones por parte de compañías privadas en el marco de un mercado de carbono voluntario, aún falta por establecer una serie de reglas claras de participación, la cual se debe materializar, no solamente desde la perspectiva de la disminución de la huella de carbono, sino para la financiación, o ejecución de proyectos de reducción y remoción de gases de efectos invernadero por parte de empresas privadas. Para esto sería importante definir un marco legal encaminado a lograr alianzas público-privadas frente al desarrollo de ese tipo de proyectos.

Entonces, uno de los retos más importantes que tiene Colombia es cómo vincular a los actores, tanto privados como públicos, para que de manera conjunta ejecuten proyectos de cambio climático a través de unas reglas de juego previamente definidas que permitan dotar al sistema de seguridad jurídica.

En un panorama como el colombiano, en el que la institucionalidad afronta tantos desafíos, asegurar la efectividad de la participación del sector privado en la lucha contra el cambio climático es todo un reto. Es por esto que el gobierno colombiano tiene una gran tarea, que consiste en reglamentar las disposiciones de las leyes actuales, de tal manera que se consoliden esfuerzos para asumir el reto de hacer frente al cambio climático.