viernes, 10 de diciembre de 2021

La reciente aprobación en primer debate del sepulcro -como lo llamó la autora de la iniciativa- del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), por parte de la Cámara de Representantes, fue una curiosa actuación simbólica pero no desprovista de valor pese a su rápido hundimiento.

La iniciativa planteada en un año en el que las finanzas públicas se han logrado apenas nivelar por parte del Gobierno, y donde se concertó una reforma tributaria que lo único que hace es un remiendo, que pronto necesitará nuevamente atención, hacía inviable el considerar el diálogo de eliminar un recaudo de $7,5 billones.

El veredicto de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios en este año señaló que el GMF “es distorsionante, desalienta el ingreso de los negocios a la economía formal y desincentiva la inversión nacional y extranjera” y que, por tanto, el mismo debe ser eliminado. No deja de sorprender que la Comisión señala que en tanto este exista y el sistema continúe distorsionado por este tributo, se deben mantener medidas transicionales como el darle la condición de descuento en el impuesto sobre la renta o se mantenga como gasto.

Sin duda en la estructura del GMF las exenciones y ciertas delimitaciones del hecho generador que se tienen, al menos gran parte de ellas, esencialmente lo que han buscado es salvaguardar el indeseable impacto en ciertos afectados económicamente o en determinadas operaciones. Así, dichas exenciones protegen del impacto del GMF a personas como lo pueden ser los empleados con un salario bajo, o a las operaciones de compensación interbancaria.

Para el proceso de inclusión financiera en el país, el sistema tributario ha sido determinante, tanto como potenciador y como obstáculo del mismo. Si bien programas como la compensación de IVA ayudaron a extender hacia la población de menores recursos el acceso al sistema financiero, del otro lado, la existencia del GMF ha sido un obstáculo importante porque dentro de las tecnologías y procesos que se vienen desarrollando dentro del sistema financiero, el GMF se vuelve un costo adicional que finalmente es trasladado al usuario del mismo.

Las fintech, que son víctimas naturales del GMF, vienen irrumpiendo este espacio con sus nuevas tecnologías, y aquí es cuando se debe pedir la protección en tanto se conviva con el impuesto. La industria de las pasarelas de pagos, o en general los agregadores, si bien ha venido jugando un rol esencial al intermediar y facilitar con tecnología el acceso al sistema financiero, no tiene la neutralidad requerida desde la perspectiva de su rol frente a un tributo como el GMF.

En efecto, si a través de un agregador y su tecnología, un pago puede ser recibido en un Baloto, la intervención de este agente no debería sobrecargar con mayores costos el proceso de flujo del pago, hasta que llegue al destinatario del mismo. Sin embargo, hoy lo hace. Este proceso de pago no debería llevar varias causaciones del GMF, sino solo la que se genera en el emisor del pago, como si el pago fuera realizado directamente.

Por ello en una inusitada preocupación del Congreso por el GMF, el proyecto de ley de Reforma del Mercado de Capitales honra este rol neutral que deben jugar los tributos, frente a procesos económicos que lo que buscan es expandir el uso del sistema financiero, que para el Estado es formalización, un mayor recaudo y sin duda una fuente de invaluable información y trazabilidad. Se verá el compromiso del Gobierno y el Congreso.