Actualmente, los ciudadanos extranjeros que requieren adelantar un proceso administrativo ante Migración Colombia enfrentan una barrera crítica: la imposibilidad de acceder a citas para este trámite, indispensable en muchos casos para la regularización migratoria en el país.
El proceso administrativo migratorio es un procedimiento mediante el cual Migración Colombia, en ejercicio de su potestad sancionadora, investiga y decide sobre presuntas infracciones a la normativa migratoria por parte de ciudadanos extranjeros, garantizando el derecho al debido proceso, la defensa y la contradicción. Aplica, por ejemplo, cuando un extranjero no renovó su visa a tiempo, omitió actualizar su tipo de visa tras un cambio de empleador o institución educativa, o incurrió en alguna causal que impide la continuidad de su permanencia regular en el país. Ante estas situaciones, el extranjero debe someterse a un procedimiento en el que se valoran sus circunstancias y los argumentos de defensa, y eventualmente se autoriza su regularización migratoria.
Este proceso administrativo reviste alta relevancia jurídica, en tanto constituye el mecanismo mediante el cual la autoridad evalúa posibles infracciones -como las ya mencionadas- y garantiza el derecho al debido proceso del extranjero. Si bien la apertura o participación en dicho trámite no elimina la posibilidad de sanción, sí permite ejercer el derecho de defensa y, en algunos casos, evitar la imposición de medidas más graves. Lo más importante es que representa un paso previo obligatorio para restablecer la regularidad del estatus en el país y acceder nuevamente a una visa.
Desde hace algunas semanas, como consecuencia de los daños estructurales sufridos por la sede principal de Migración Colombia tras el reciente sismo, se suspendió totalmente el agendamiento de citas para este trámite. Aunque la entidad trasladó sus operaciones a una sede alterna, esta no cuenta con la capacidad suficiente para atender todos los servicios, lo que ha generado retrasos y restricciones, especialmente en los procesos administrativos.
Esta situación ha afectado directamente al derecho de los extranjeros a regularizar su situación migratoria. Las consecuencias son múltiples: personas que no pueden afiliarse al sistema de seguridad social al no haber actualizado su vínculo laboral en la visa; menores que no pueden ser matriculados en instituciones educativas; estudiantes que no han podido cambiar de institución dentro del marco legal; y trabajadores expuestos a la informalidad o desvinculación laboral por causas ajenas a su voluntad.
A pesar de que muchos extranjeros cuentan con la documentación y la voluntad de cumplir con la normativa, el bloqueo en el acceso institucional impide ejercer ese derecho, colocándolos en una situación de irregularidad involuntaria, que afecta el goce de derechos fundamentales y el cumplimiento de obligaciones legales en el país.
Dado el carácter esencial del proceso administrativo migratorio como garantía del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho de defensa, es urgente que Migración Colombia adopte medidas transitorias, habilite canales alternos o disponga soluciones excepcionales que permitan a los usuarios iniciar estos trámites sin mayores dilaciones.
En un Estado Social de Derecho, la falla en la prestación de un servicio público esencial no puede trasladarse al administrado, y menos cuando dicha falla lo expone a sanciones, limita el acceso a derechos o lo conduce a la marginalidad jurídica.
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