miércoles, 8 de junio de 2022

El 6 de marzo de 2022, la Agencia Reuters publicó una nota titulada “Shareholders urge Amazon to boost tax transparency” en la que reseñaba el comunicado de Nordea, Royal London y fondos de pensiones europeos y estadounidenses que completan 24 de los principales inversionistas de Amazon, en el que indicaba que las prácticas tributarias agresivas podían exponer a la compañía y a sus inversionistas a incrementar el escrutinio por parte de las autoridades fiscales, el riesgo de ajustes y su vulnerabilidad a cambios en las normas tributarias, por lo que exhortaban a la emisión de un reporte de transparencia en línea con los estándares tributarios del Global Reporting Initiative (GRI).

Aunque la nota menciona que un vocero de Amazon indicó que este tipo de decisiones están a cargo de los órganos directivos de la compañía y que el involucramiento directo de los inversionistas podría ser “impráctico”, la discusión planteada por los inversionistas confirmó dos aspectos clave para entender el punto actual de la evolución de la industria de la inversión privada (private equity, real estate, infraestructura y deuda privada) en el mundo: (i) Los inversionistas han identificado que los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (factores ASG) son un riesgo financiero que debe incidir y, en muchas ocasiones, determinar la toma de decisiones de inversión, por lo que no deben ser equivocadamente entendidos como mera filantropía; y (ii) dentro los factores ASG, los temas tributarios son de importancia estratégica.

Como respuesta a esta nota, el GRI emitió un comunicado el pasado 28 de marzo (The GRI Perspective: We need to talk about tax) en el que recordó que el debate de la transparencia fiscal internacional se ha centrado en las últimas dos décadas en la credibilidad de los sistemas tributarios luego de los Lux Leaks, Panama Papers, Luanda Leaks, etc., pero por ver el árbol el mundo de los inversionistas había perdido de vista el bosque, representado por la sostenibilidad de los sistemas económicos.

En este comunicado se anotó una reflexión crucial: El principal argumento con el cual se resta importancia a la revelación de información tributaria detallada a los inversionistas es su baja materialidad, pero la verdad es que este aspecto sólo puede ser considerado como poco material si se analiza a la luz de la materialidad financiera de cada vehículo, y no si se tiene en cuenta que la tributación es crucial y, por tanto, material en el desarrollo sostenible, lo que necesariamente convierte este aspecto en un riesgo de inversión que debe hacer parte del proceso de toma de decisiones de negocio.

Esta reflexión debe ser escuchada por inversionistas institucionales y no institucionales, fondos de inversión colectiva abiertos y cerrados, gestores, comités de inversión, entre otros actores involucrados, en la industria de la

inversión privada, pues sólo con su participación activa se pueden implementar los principios de inversión responsable y se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas y de relevancia para cada uno de nosotros.

El llamado del GRI se une a múltiples esfuerzos para colocar este tema sobre la mesa como el Estándar GRI 207 (2019) o las discusiones planteadas por la Organización PRI, con el apoyo de Naciones Unidas (v. gr., What is tax fairness and what does it mean for investors?, Diciembre 2021).

La industria anticipa un gran flujo de recursos de inversionistas institucionales al mercado de inversión colombiano a propósito de la expedición de la Ley 2112 de 2021, para lo cual se espera la emisión del decreto reglamentario en las próximas semanas, en el cuál expresamente se ha propuesto que las AFP deban establecer condiciones mínimas en su política de inversión, incluyendo los factores ASG.

Si bien el proyecto de decreto no menciona nada sobre tributación (no debería hacerlo), esperamos que esta sea una nueva oportunidad para que Colombia se una a la discusión global de la tributación justa y transparente como elemento fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, no sólo a través de la OCDE y la tributación de la economía digital, sino a través de la participación activa de los actores de la industria de la inversión privada.