miércoles, 31 de mayo de 2017
El pasado 1 de mayo, el gobierno profirió los Decretos No. 2.830 y 2.831, en los que convoca al pueblo venezolano, como poder constituyente originario, “a expresar su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados (…)”, los cuales, según el mismo Maduro, durante su mandato ha sostenido y profundizado ¿De qué logros habla?, si su pueblo no tiene que comer y la fuerza pública los reprime en las calles por exigir un cambio ¿De qué sagrados derechos?, si los presos políticos llevan años refundidos en cárceles militares por oponerse a sus políticas y los medios de comunicación son sancionados por informar. ¡Eso no es una revolución, es una dictadura!
El lenguaje utilizado en los decretos evidencia lo ciego que está Nicolás Maduro y la gente a su alrededor, quienes como en la obra de Andersen, no son capaces de decirle que se equivoca al pensar que un gobierno de facto y autoritario se legitima al crear una Constitución -fraudulenta como la calificó Luis Almagro- echa a la medida de sus intereses, olvidando los de una nación. Tal vez, temen ser detenidos por la Dirección de Inteligencia Militar, como les sucedió a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, recobrando su decoro, se negaron a cumplir las absurdas órdenes de la dictadura.
Desde el primer párrafo del Decreto 2.830 Maduro se desborda en la incoherencia más ciega. Alega que la necesidad de una nueva Constitución se justifica en: “la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional”. Nicolás Maduro no logra ver, o no quiere ver, que la mayor amenaza antidemocrática de Venezuela: es su propio régimen autoritario, que copta los poderes públicos, que suspende elecciones, que no permite un referendo revocatorio. Que el máximo riesgo que corre el orden constitucional, es precisamente una nueva Carta Política que pretende refundar el Estado, no por iniciativa y con la participación de todo el pueblo venezolano en su calidad de “depositario del poder constituyente originario” -como lo indica el artículo 347 de la Constitución-, sino por iniciativa del Consejo de Ministros, amañando las normas electorales para que no se cumpla la voluntad del pueblo, sino la de los amigos del dictador.
Hasta cuándo entenderá el oficialismo venezolano que su dictador está desnudo, y no porque, como en el cuento del escritor danés, quienes no logran ver la supuesta tela fantástica con que está hecho su vestido, “no sean aptos para su cargo o sean inusualmente estúpidos”, sino porque Maduro nunca ha tenido las condiciones necesarias para ser un Jefe de Estado. Su falta de capacidad como gobernante, la sufre un pueblo que volcado a las calles le grita: “pero si no lleva nada puesto”, mientras él se estremece, porque en el fondo, sabe que ellos tienen la razón. ¿Serán acaso los militares los próximos en darse cuenta del engaño?
