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OPINIÓN

La nueva ruta contra el lavado de activos

18 de noviembre de 2021

Carlos Fernando Guerrero Osorio

Abogado, consultor y docente universitario en temas de corrupción

Canal de noticias de Asuntos Legales

Salvo en círculos especializados, no fue destacado como merecía que el 9 de agosto pasado fue emitida la nueva hoja de ruta de lucha contra el lavado de activos: el Conpes 4042. Estimo que es un documento de política pública que debe ser tenido en cuenta por todos los actores relacionados con la guerra contra este flagelo. Debe destacarse, en primer lugar, el diagnóstico presentado en este Conpes.

En este se destaca que (i) aún es muy poco el impacto que han tenido las actividades de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, al punto que la cantidad de dinero lavado en Colombia asciende a la escandalosa cifra de $31 billones; (ii) pese al aumento de reportes de operaciones sospechosas (ROS), la capacidad de la entidad encargada de procesarlos (la Uiaf) es muy baja; (iii) que el conocimiento existente sobre el lavado de activos es fragmentado, incluyendo a la ciudadanía que aún tiende a tolerar el flagelo; (iv) que aún la coordinación interinstitucional tiene mucho por mejorar; y (v) la ausencia de un sistema normativo sobre el lavado de activos mucho más estructurado y coherente.

En fin, parecería que hemos hecho varias cosas, pero que todas aún son muy deficientes en su ejecución, pues los resultados son poco alentadores. Se trata de un diagnóstico quizá evidente, pero que tiene especial relevancia por ser reconocido en un documento de política pública oficial, y no en, por ejemplo, un informe de alguna organización crítica del actuar del Estado.

Ahora bien, este Conpes señala unas líneas de trabajo para implementar una estrategia más ambiciosa y eficiente contra el lavado de activos. De esta debo destacar (i) el plan de capacitación ambicioso a servidores públicos relacionados con la prevención y sanción del lavado de activos; (ii) la realización de ajustes normativos para cumplir con recomendaciones del Gafi; (iii) el énfasis en una verdadera sinergia entre las distintas entidades encargadas del lavado de activos; (iv) la implementación de herramientas tecnológicas para que la Uiaf pueda procesar de manera más oportuna y precisa la información a su disposición; y (v) la sensibilización y formación a la ciudadanía sobre el impacto del lavado de activos.

Este último punto espero que sea espacialmente desarrollado en los próximos años. La verdad es que mientras exista una suerte de ‘cultura social’ que admite o que por lo menos tolera el blanqueo de capitales, este seguirá siendo un enorme dolor de cabeza para nuestro país. Debemos valorar que este Conpes tenga una sección especial para la tarea titánica de cambiar la mentalidad de buena parte de la sociedad frente al lavado de activos, y que se haya asignado concretamente a una entidad como cabeza de esa labor: el Ministerio de Justicia.

Por supuesto, es importante que esa más que necesaria pedagogía no se quede en pautas publicitarias por canales institucionales que poco rating tienen, o en vallas con más tinte proselitista que educativo. El Ministerio de Justicia, y el Estado en general, deben trabajar de la mano con organizaciones civiles que tengan capacidad de llegar a distintos grupos sociales y que generen la confianza suficiente en estos para que el proceso de transformador cultural rinda sus frutos.

Debe exigirse que a los menores de edad se les enseñe en sus colegios sobre el lavado de activos y deben establecerse herramientas de medición sobre la pertinencia e impacto de las estrategias formadoras que se empleen. Solo así lograremos en el mediano y largo plazo un país con resultados claros en la difícil lucha contra el lavado de activos.

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