viernes, 24 de junio de 2022

Sin duda, la virtualidad de los procesos judiciales ha tenido un impacto positivo en la administración de justicia. Si bien esa virtualidad propone retos, no cabe duda de que ha permitido agilizar enormemente las distintas causas, ha evitado muchísimas dilaciones de los compromisos judiciales y, progresivamente, hará mucho más transparente y accesible la administración de justicia. Por supuesto, aún quedan muchas cosas por hacer para que nuestra justicia pueda ser mejor. En ese escenario, desde luego el nuevo gobierno tiene mucho por hacer.

Revisando varias notas de prensa y el plan de gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, la reformas a la administración de justicia que propone le apuntarían, en primer lugar, a un mayor acceso en los distintos territorios del país. Para esto se ampliaría el número de jueces y fiscales y se buscaría que todo municipio cuente al menos con un fiscal, su asistente y su investigador. Contar con más personal en la administración de justicia puede ser positivo, pero por sí solo no es suficiente e, inclusive, puede llevar simplemente a mayor burocratización del aparato judicial.

Poner más funcionarios en la administración de justicia exige, ante todo, que los nuevos que lleguen estén debidamente capacitados para cumplir su labor. Si las vacantes que se abran se empiezan a llenar con gente sin las debidas competencias, en poco o nada contribuirán a resolver los problemas para los que la gente acude a la administración judicial y, aún peor, acrecentarán la sensación de ausencia de justicia. En realidad, la posibilidad real de mejorar la justicia en Colombia está en algunas de las otras propuestas del nuevo gobierno, así como en otras cosas que aparentemente aún no ha contemplado.

Uno de los buenos caminos que ya tendría en la mira es la masificación de la justicia restaurativa. Si la regla general sigue siendo que los conflictos deben solucionarse luego de un largo proceso judicial, la justicia seguirá percibiéndose como ineficiente y la congestión de los despachos judiciales nunca cesará. En ese sentido, debe lograrse que los conflictos se resuelvan, preferentemente, mediante mecanismos alternativos a los procesos judiciales. Así, varios detalles son los que tendrán que ajustarse si se quiere que los conflictos se resuelvan de forma amigable, privilegiando la restauración de los derechos conculcados antes que la rigidez de un trámite judicial. Habrá que eliminar un sinnúmero de limitaciones que existen para que las disputas se solucionen sin necesidad de un largo proceso; habrá que contar con una formación y actitud diferente de quienes operan el aparato judicial. La gente, en los territorios, también deberá ser capaz de solucionar sus conflictos con esos mecanismos alternativos; eso exigirá que la reforma que se haga apunte no solo a los funcionarios de la rama judicial, sino a los ciudadanos en general como usuarios del servicio de justicia.

Algo que no se ve claro en la visión del nuevo gobierno es el uso de la tecnología en la justicia. Con creces la virtualidad ha mostrado sus bondades, pero es apenas lo mínimo de lo que la tecnología puede aportar al aparato judicial. Entre otros, si el objetivo es que la gente pueda acceder a la justicia desde cualquier lugar del país, antes que ampliar la planta de personal vale la pena arrancar por lograr el acceso real a las tecnologías y la enseñanza para su debido uso. Ojalá los próximos cuatro años sean la consolidación del camino de las nuevas tecnologías en el aparato judicial, el cual arrancó por mera necesidad en el encierro durante la pandemia.