miércoles, 7 de julio de 2021
Entre las noticias de la pandemia y el paro nacional, muchas otras cosas no menos importantes han pasado a un segundo plano. Una de ellas es la reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia, la cual toca uno de los aspectos más sensibles de nuestro país. No es un secreto que éste es uno de los asuntos en los que normalmente somos peor calificados, por ejemplo, en la medición que hace periódicamente el World Justice Project.
Sin duda, el buen funcionamiento de la justicia es prioritario porque, en general, impacta en la calidad de vida de todos los ciudadanos y, de forma especial, redunda en un ambiente adecuado para que los ciudadanos y las empresas cumplan con lo dispuesto en la ley. En otros términos, un sistema de justicia que no ofrezca credibilidad constituye un aparato judicial poco eficiente y, por lo tanto, genera un escenario propicio para que las normas no sean acatadas a cabalidad.
Desafortunadamente, la actual propuesta de reforma a la justicia es totalmente insuficiente, por no decir otra cosa. Después de leerla no encontré nada distinto a unos artículos larguísimos, llenos de palabras elucubradas y buenas intenciones, muchos principios y valores, uno que otro mico, pero ninguna acción concreta. Es comprensible como ha pasado tan fácil y desapercibida la reforma, pues realmente, como se dice coloquialmente, ‘ni fu ni fa’. Es una reforma que no contiene verdaderas reformas estructurales para atacar los vicios del sistema judicial, tales como su oprobiosa demora para dar soluciones a los ciudadanos o el exceso de rituales y requisitos que aún presentan muchos ámbitos del sistema judicial. Es una reforma que pretende soluciones simplemente hablando de más recursos para la rama judicial, sin tener claridad de cómo hacerlos eficientes, una reforma que describen como destacable en digitalización de la justicia, a pesar de que esto ya se dio por la fuerza con ocasión de la pandemia, una reforma que muestran como hecha a partir de consensos, lo cual por supuesto se logró porque no se tocó nada importante.
Los ciudadanos tendrán que seguir esperando. Como país llevamos por lo menos 12 años exigiendo e intentando una reforma estructural del sistema de justicia; tras decenas de intentos, la reforma aprobada no cambiará mayor cosa. Eso sí, lo bueno de esto es que el próximo congreso y el siguiente presidente tendrán un buen tema de campaña y de trabajo, porque la tarea sigue sin hacerse.
