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Jueves, 4 de octubre de 2018

El principal argumento de quienes se oponen al fracking consiste en advertir posibles y eventuales impactos ambientales como contaminación de acuíferos, microsismicidad inducida, excesivo uso de agua y emisión de gases. De hecho, los proyectos de ley que pretenden la prohibición de su uso como técnica industrial para extraer hidrocarburos en Colombia se sustentan en tales efectos y en los pocos beneficios que aporta la industria petrolera.

La discusión en foros y medios usa argumentos de conveniencia económica para apoyar su uso y de inconveniencias ambientales para querer prohibirlo. El debate en el país ya cumple más de 10 años, desde que se expidió un Conpes que planeaba las primeras acciones regulatorias para permitir y promover la explotación mediante esta técnica industrial y, todavía, no se ha podido siquiera comprobar si es viable económicamente en Colombia. Los mismos 10 años que hubieran servido para que nuestros competidores no nos tomaran tanta ventaja, pues para esa época ya otros países habían tomado la decisión y empezado con su desarrollo.

No se puede negar que es atractivo y convincente mantener una postura en pro del ambiente, de su cuidado y preservación para las generaciones presentes y futuras, y que argumentos que aceptan alguna afectación son impopulares. Cada vez que se anuncian los peligros que trae el fracking para la naturaleza y el derecho a la vida, resulta imposible razonar con explicaciones de control sobre sus impactos y de conveniencia económica porque se considera un perjuicio injustificado. El verdadero reto no es prohibirlo sino tomar medidas correctas para que se haga bien, evaluar cada proyecto, establecer reglas sobre cómo se autoriza y vigilar su ejecución. Prohibirlo es negarse a creer que el país cuenta con las instituciones capaces de su control, preparadas para tomar decisiones de corregirlo o suspenderlo si se demuestra que los impactos son mayores a los analizados.

Es decir, el indiscutible desafío consiste en supervisar las operaciones para que se desarrollen conforme a la regulación técnica, social y ambiental, en vigilar a las empresas contratistas del Estado para que cumplan con sus obligaciones legales y contractuales para que lo proyectado sea una realidad, así como en fiscalizar que los recursos económicos obtenidos se empleen bien. En fin, confiar en nuestra institucionalidad.

Por esta razón, es fundamental que las entidades encargadas de expedir contratos, reglas, licencias y permisos, y de controlar las operaciones sean competentes. Los funcionarios de control tienen que ser conocedores de manera específica sobre esa práctica, contar con los instrumentos tecnológicos que el estado de la técnica aconseje, estar vigilantes y ser responsables de sus decisiones.

Prohibir esta técnica industrial es, además, negarles a las regiones y al país los beneficios de un recurso que les pertenece, puesto por la naturaleza para que la actividad humana le agregue valor a su presencia en el subsuelo y con ello genere beneficios concretos y reales: autoabastecimiento, desarrollo, mayor bienestar.

Es fracking es una forma de explotar hidrocarburos, relativamente nueva, cuyo reto no es menor, ni está exento de riesgos asumirlo. El temor de afrontarlo conduce a la prohibición. La historia está llena de ejemplos de incredulidades y prohibiciones a innovaciones y avances científicos o tecnológicos que, por fortuna para su goce de hoy, la gran mayoría fueron regulados y autorizados.