miércoles, 6 de diciembre de 2017

Sin pretensiones de ser partícipe o incidir en planteamientos de quienes preparan las campañas, hago mis propias reflexiones sobre las preguntas que, en materia petrolera, debería tratar de resolver una propuesta electoral:

¿Qué supuestos se prevén para los próximos cuatro años en materia de necesidades energéticas para el país y cómo se proveerán; cómo se procurará mantener un nivel de producción y reservas suficiente y qué bases se sentarán para el abastecimiento en períodos sucesivos?

¿Cómo debe afrontarse la sustitución de energía fósil por medios alternativos; de qué manera se cumplirán las metas fijadas en los convenios internacionales para disminuir la emisión de gases invernadero y se manejarán los impactos económicos y sociales que tal sustitución producirá en los sectores y regiones cuya estructura económica está basada en producción, generación y consumo de productos que necesitan dicha forma de generación; para la transición se adoptarán planes de reconversión industrial?

¿Qué condiciones fiscales se tendrán para los inversionistas, se procurarán estímulos tributarios a la inversión exploratoria y de desarrollo de proyectos petroleros; se modificarán las condiciones fiscales actuales para nuevos contratos; se procurará que ingresen capitales de inversionistas con capacidades económicas menos exigentes a las actuales para permitir el desarrollo de proyectos menores?

¿Habrá modificación al régimen de regalías; se mantendrán las tarifas actuales o se establecerá un sistema variable que se ajuste en función de las condiciones del mercado o de los proyectos; se procurará un reparto distinto para las regiones productoras y para la aprobación de su inversión?

¿Se introducirán cambios en el régimen de consultas previas y de la consulta popular para decidir el destino de los proyectos petroleros; qué plan de acción se tendrá con comunidades, autoridades y empresas para lograr la concertación y, en caso necesario, qué procedimiento para evitar o responder frente a acciones de hecho de comunidades o reclamos de las empresas?

¿En relación con Ecopetrol, estará el gobierno dispuesto a vender algo de su participación accionaria para obtener recursos que permitan compensar las necesidades presupuestales de la nación o se adoptarán estrategias de capitalización mediante emisión de acciones o de endeudamiento para asumir las necesidades de capital para los proyectos exploratorios, de recuperación mejorada, de yacimientos no convencionales o de evaluación y desarrollo de los descubrimientos marítimos; habrá cambios en la estructura administrativa del sector para lograr una reducción de los costos de funcionamiento o un mejor desempeño?

¿Cómo se piensa concertar los intereses locales con los regionales en materia de uso del suelo y de protección del ambiente de cara a las necesidades de desarrollo económico regional en las áreas de las operaciones petroleras; qué instrumentos se adoptarán para que las autoridades civiles y ambientales de los órdenes local, regional y nacional concuerden en criterios y decisiones a la hora de permitir, restringir, prohibir o colaborar con tales actividades industriales?

¿Con respecto a los acuerdos de paz y los desarrollos legislativos que se están dando, se tendrán estrategias para asegurar la iniciación de operaciones en las áreas en donde no se podían efectuar trabajos por problemas de seguridad; habrá presencia estatal para ocupar espacios dejados por la subversión y cubrir necesidades con proyectos lícitos que eviten la presión sobre las empresas?