Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Jueves, 12 de julio de 2018

*Abogado Martínez, Córdoba & Abogados Asociados.

Se acerca la iniciación del nuevo Gobierno y se van generando expectativas sobre los ajustes que vendrán para el sector, con la esperanza de que haya medidas de impulso que permitan aprovechar la riqueza del suelo colombiano con la racionalidad que demanda el desarrollo sostenible.
Una mirada a lo que fue la campaña presidencial puede arrojar luces sobre las acciones que seguramente vendrán a corto y mediano plazo para el sector de manera directa, algunas de competencia exclusiva del Ejecutivo y otras con participación del nuevo Congreso.

Durante la campaña, el presidente electo anunció que en las primeras decisiones se promovería un pacto por Colombia basado en una agenda con las reformas fiscal, de salud, en educación, pensión y justicia. Ese pacto debería ser entre los sectores políticos, sociales y económicos pensando en el futuro de Colombia. Señaló que la reforma fiscal era necesaria para, entre otros, bajar impuestos y dinamizar la inversión.

Por otra parte, de manera específica para la industria se señalaron dos ajustes en materia de regalías: reparto de 50%-50% para la nación y las regiones, además de anticipos de regalías con obras que permitan beneficiar de manera oportuna las expectativas de las comunidades.

Para los empresarios, se mencionó la reducción de costos operacionales, la mayor estabilidad jurídica después de haberse obtenido licencia ambiental y los impulsos a la exploración de gas costa afuera. Se dispondrá de una Comisión Mixta de Comercio Exterior y Desarrollo Productivo para solucionar cuellos de botella cuyos resultados se controlarán a través de un delivery unit o especie de centro de mando que permita verificar responsables, entregables y tiempos.

De interés de las comunidades, se anunció la atención integral y desarrollo productivo de hidrocarburos en las regiones, los planes de manejo, mitigación y cierre enfocados en la desmineralización y despetrolización de las economías locales, así como la regulación de todas las consultas, incluyendo un proyecto de ley estatutaria que las racionalice para definir su carácter vinculante, plazos y promover su amplia difusión dentro de la comunidad, la definición de competencias entre entes territoriales y la nación para las consultas populares y su alcance en actividades estratégicas, de utilidad pública y de interés nacional.

En materia ambiental se señalaron temas como la concientización sobre la riqueza de la biodiversidad con campañas que fortalezcan la cultura ambiental a nivel empresarial y familiar, el compromiso de las actividades productivas para la protección del agua, la conservación de páramos, la reducción del impacto en el cambio climático, la calidad del aire y la gestión limpia de los suelos.

En lo institucional, la renovación y modernización de la institucionalidad ambiental con mayor presupuesto para inversión en prevención, protección, monitoreo y mitigación de daños, el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – Sina, la despolitización absoluta de las CAR para enfocarlas en la protección efectiva de la sostenibilidad de los ecosistemas y la mejora de la capacidad de supervisión. Promoción de una matriz energética que integre energías renovables.

El logro de estos objetivos solo será posible contando con el trabajo con los otros órganos del poder público, la colaboración de empresas, autoridades regionales y comunidades, y, sobre todo, de la capacidad de gestión de parte de los nuevos miembros del Ejecutivo.