viernes, 24 de agosto de 2018
Es inevitable dar una mirada a las actividades que tendrá que asumir la nueva administración, no solo con el fin de procurar resultados en los primeros 100 días de Gobierno, sino en el mediano y largo plazo. Por esa razón, conviene tener presente en donde enfocar esfuerzos y planear acciones para tener resultados. He aquí algunas sugerencias:
1. La nueva política petrolera. Para lograr impulsar la inversión exploratoria que logre revertir la declinación de reservas y extienda el autoabastecimiento se necesitan medidas de ajuste a la política que mejoren la competitividad: revisar carga fiscal y costos de producción y transporte, y proporcionar confianza frente a cambio de reglas. También conviene establecer la transición a energías renovables sin atropellos, con suficientes garantías para todos los sectores. Para lograr respaldo en el suministro de gas, se debe culminar la contratación de la planta de regasificación del Pacífico y su conexión con el sistema de transporte. Es necesario facilitar las evaluaciones de los descubrimientos de gas en el Caribe que permitan a Ecopetrol y sus socios, por varias décadas, abastecer el país, generar ingresos y promover el desarrollo regional.
2. Procesos de contratación. Es necesario concluir el proceso de asignación de áreas Sinú-San Jacinto hoy suspendido y continuar con el Proceso de Contratación Permanente - 2018 que se inició el mes pasado, con el fin de evaluar el instrumento y reactivar la inversión. El mecanismo de Registro de Interesados debe ser puesto en marcha lo antes posible para permitir un eficiente funcionamiento del proceso permanente. Ojalá que las nuevas directrices que deseen introducirse a la política no interrumpan los procesos en curso y, por el contrario, sirvan para darle agilidad.
3. Fracturamiento hidráulico. Debe culminar la procrastinación colectiva alrededor de permitir o prohibir, este método de exploración y producción de los yacimientos no convencionales. Para ello, es necesaria la adopción de decisiones coordinadas de los entes de gobierno encargados de velar por aplicar los criterios técnicos y de mayor interés general, en relación con las condiciones objetivas de cada caso.
4. Relacionamiento industria, comunidades y autoridades. Los mecanismos de solución de la conflictividad no son lo suficientemente eficaces, pese a los esfuerzos de unos y otros por lograr consensos. Las acciones de hecho, las tutelas, las consultas previas y populares, las reclamaciones de protección a la inversión, así como las peticiones de todos las partes porque se acceda a sus propias solicitudes para que se permita o se prohíban los proyectos, deben ser solucionados con una orientación clara y coordinada de parte de los diversos órganos del Estado. Es necesario estudiar soluciones como el ajuste de la Constitución para resolver el conflicto de competencias y la prevalencia de derechos, para lograr certeza a la hora de ofrecer áreas, tomar decisiones de inversión y decidir sobre la planeación de actividades territoriales.
5. Mejora de estándares y controles. La estructura institucional debe ser revisada para dar agilidad a las funciones de control y fiscalización de las operaciones, así como poner en marcha la reciente Política de derechos humanos del sector minero energético, asegurar el cumplimiento de los compromisos por la adhesión al Eiti y a la Ocde mediante la introducción de cambios en la regulación y en los contratos.
