jueves, 19 de julio de 2018
Saludamos el propósito del presidente electo Iván Duque, de elaborar una nueva política pública de discapacidad, denominada “Un futuro con inclusión para los colombianos con discapacidad”.
El mencionado documento señala, que “para la dignificación de todos los colombianos con discapacidad, se definirá una política integral para una Colombia de equidad social, política y económica dirigida a que no existan para ellos limitaciones en el desplazamiento, el acceso a la educación, el desarrollo profesional o el disfrute pleno de los derechos que les otorgan la Constitución y las leyes”.
Es importante aprobar una política de discapacidad, ya que desde la Constitución de 1991 se protegió especialmente a las personas con discapacidad en el derecho a la igualdad artículo 13, en el derecho a tener una política pública artículo 47; en el derecho a la inclusión laboral artículo 54 y en el derecho a la educación inclusiva artículo 69. Posteriormente, participamos en mesas de trabajo para la elaboración de la Ley 361 de 1997, que estableció mecanismos de integración social de las personas con discapacidad.
Luego el Estado aprobó la Ley 762 de 2002, que ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Recuerdo que con una asesoría que hicimos desde la Universidad del Rosario en el año 2007, se aprobó la Ley 1145, que creó el Sistema Nacional de Discapacidad.
Posteriormente, el Estado colombiano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas Ley 1346 de 2009, Comité de Seguimiento al que tengo el orgullo de pertenecer.
Después encontramos la Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordenó diseñar la política pública de discapacidad, por lo que se aprobó el documento Conpes 166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que rediseñó la política del Conpes 80 de 2003, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos.
La mayor transformación, fue el trabajo que hicimos desde la Universidad Sergio Arboleda con la Ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013, que tiene como objetivo, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con alguna discapacidad.
Uno de sus decretos reglamentarios, es el 1421 de 2017 que establece la ruta el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media.
También se expidió el Decreto 2011 de 2017, que garantiza la cuota de empleos públicos para personas con discapacidad y se establece un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública.
Por último, el Ministerio de Salud y de la Protección Social, elaboró la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
Como se observa, el país ha avanzado en discapacidad siendo ahora más incluyente, sin embargo falta mucho camino por recorrer, tanto en lo social, en lo legal y en el empoderamiento de los derechos de la misma población con discapacidad.
Le reiteramos al Presidente electo Duque, que continuamos trabajando por una Colombia más incluyente, por vincular más a las personas con discapacidad en la transformación del país, buscando un desarrollo inclusivo.
En conclusión, la política del presidente, Iván Duque debe sumarse a los avances que el Estado colombiano ha tenido en el sector de discapacidad, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos, logrando en un futuro una Colombia más incluyente.
