jueves, 7 de diciembre de 2023

Colombia tiene un impacto con respecto a los gases efecto invernadero (GEI) equivalente a un 0,37% del total emitido en el mundo (49 gigatoneladas). Este porcentaje es mínimo con respecto a las emisiones globales. No obstante, es una necesidad diversificar las matrices energéticas más allá de hablar de reemplazarlas, lo cual podría generar un riesgo en la confiabilidad del suministro de energía. El objetivo, entonces, es desligarnos de la gran dependencia que se tiene de la energía proveniente de los combustibles fósiles acudiendo a diversas fuentes; y al mismo tiempo cumplir las metas adquiridas por Colombia bajo el Acuerdo de París 2015, de alcanzar una reducción de los GEI del 50% en el año 2030 y de cero emisiones en el 2050. Lograrlo en simultánea con otras metas igualmente importantes a la descarbonización que tiene nuestro país, constituye un verdadero reto.

En el mundo, las energías limpias representan un desafío por sus costos, almacenamiento y transporte, ya que no aportan la confiabilidad que el gas sí aporta a la energía firme. ¿Sería posible entonces, alcanzar las metas propuestas reemplazando los combustibles fósiles en los plazos establecidos, garantizando el suministro de energía y su cobertura y renunciando a los ingresos derivados de la industria minero-energética que permiten financiar el costo de las otras metas que tiene el país?
Aunque Colombia tiene una de las metas más altas en Latinoamérica en cuanto a la reducción de GEI, la realidad energética actual no alcanza una cobertura del 100%, lo cual nos pone en un escenario en el que debemos equilibrar la meta asumida bajo el Acuerdo de París, lograr el abastecimiento, seguridad y cobertura en todo el territorio, combatir la deforestación (factor muy importante en la emisión de GEI) y mantener una economía en crecimiento que nos permita cumplir las demás metas y programas presupuestados.

En este proceso, el gas resulta un aliado estratégico. Un reciente estudio de Promigas sobre el índice multidimensional de pobreza energética, indica que el 18,5% de la población, específicamente cerca de 9,6 millones de colombianos, no cuentan con acceso a energía; y de los que cuentan con gas domiciliario, el 60% corresponden a estratos 1 y 2. Es entonces legítimo y justo pensar en reemplazar una energía por otra y renunciar a los ingresos provenientes de los hidrocarburos, cuando aún existen muchas familias sin posibilidad de acceder a ningún tipo de energía, ya sea por sus costos, infraestructura, etc; y otras que se favorecen de esta infraestructura y fácil acceso. Ante estas falencias que reflejan la pobreza energética en nuestro país (pese a que contamos con recursos convencionales) cabe reiterar que la energía es indispensable para reducir las brechas de pobreza y garantizar una vida digna, pues tiene un impacto directo sobre la calidad de vida.

Si bien el gas no es una energía renovable, sus emisiones de CO2 son inferiores a otros combustibles. En el sector transporte, por ejemplo, los vehículos de GNV producen 99 por ciento menos material particulado que los combustibles líquidos tradicionales, convirtiendo al gas en un recurso económico, que contribuye a evitar el calentamiento global, reducir el efecto invernadero y mejorar la calidad del aire que respiramos, pudiendo considerarse como el eje de la transición al lograr transportarlo, almacenarlo y distribuirlo de una manera eficiente. El gas es apto para garantizar la seguridad energética en la transición en un país como Colombia, que puede suplir las necesidades con recursos propios, desarrollando los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la industria energética, y los objetivos de movilidad y productividad, pero aprovechando el gas natural como un vehículo para el bienestar y la reducción de la pobreza energética en Colombia; diferenciándonos de países con metas similares que no gozan de estos recursos ni tienen nuestras necesidades.