martes, 23 de agosto de 2022

En el 7º Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, que se llevó a cabo en Cartagena hace unos días, se plantearon los temas de mayor interés entre los empresarios a partir de las reformas que impartirá el nuevo gobierno. Si lo analizamos desde el punto de vista de la sostenibilidad, el evento terminó siendo una gran conversación entre el sector público y el privado en esa materia. Los famosos asuntos ASG por lo ambiental, lo social y gobierno corporativo, fueron protagonistas: Los ambientales, en medio de la discusión sobre la transición energética, por obvios motivos; otros menos obvios, como la reforma tributaria que, más que una discusión sobre cuánto y quiénes debemos pagar impuestos, en últimas define a dónde queremos que vayan esos recursos para el logro de una sociedad mejor y por ende más sostenible. Es entonces un asunto social por excelencia. Finalmente, la gobernanza al interior de las empresas, que no es otra cosa que la buena toma de las decisiones por parte de los gerentes, como los que estaban allí reunidos, que hacen posible avanzar en una ruta sostenible a través de una gestión responsable.

Pues bien, esa ética de la sostenibilidad que no se limita a la huella de carbono, o a la inclusión social, o a la transparencia en la gestión, se encuentra cada vez más aterrizada. Las empresas entendieron que su modelo de negocio es más rentable y competitivo, en tanto más sostenible, porque los inversionistas lo prefieren, los financiadores lo atienden, el regulador se lo demanda y la sociedad se lo retorna. Las firmas de abogados empiezan a tener especialistas en sostenibilidad casi como un área de práctica a su vez trasversal a todas las otras, porque la sostenibilidad es una forma de ver el mundo, de hacer negocios, de entender las relaciones humanas y éstas con el planeta.

A nivel normativo, sobre todo en el sector financiero no estamos rezagados en Colombia en ese “aterrizaje ASG”: La Superfinanciera estableció el deber de revelación del “anexo ASG” correspondiente a la información de estas materias por parte de los emisores de valores; ya contamos con los bonos de desempeño sostenible y esa entidad acaba de presentar su estrategia de finanzas verdes y cambio climático. Así mismo, somos pioneros en Latinoamérica en la adopción de la Taxonomía Verde que permite identificar las inversiones sostenibles. También es de destacar la adopción del sistema de sociedades BIC que otorga beneficios a las empresas sostenibles.

Pero el camino aún es largo. El llamado “activismo de stakeholders” presionará cada vez más por la necesidad de adoptar marcos regulatorios y legales que se adecuen a las demandas de una sociedad sensible a estas materias. Así mismo, los abogados estamos llamados a ser creativos en la formulación de soluciones legales enrutadas a la sostenibilidad y mostrarnos capaces de concretar los que muchas veces son apenas postulados. El ámbito litigioso se prospecta con gran dinamismo en medio de una sociedad que demanda de las empresas compromisos, acciones y resultados transparentes y verificables, que de no cumplirse acarrearán enormes responsabilidades de carácter reputacional y económico.

Probablemente mientras trascurría la revolución industrial los abogados no eran del todo conscientes de lo que significaría ésta para la práctica del Derecho por la transformación integral de la sociedad; pues bien, me atrevo a decir que estamos siendo testigos de la “revolución de la sostenibilidad” que ya muestra otra transformación integral de la sociedad y se convierte en una oportunidad para la profesión de abogados. Vivir para contarlo.