sábado, 15 de abril de 2023
Una de las principales banderas del Gobierno Petro es la lucha contra la deforestación en la Amazonía, que será, al mismo tiempo, uno de los mayores retos a los que deberá enfrentarse en los próximos años. De acuerdo con las afirmaciones de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, entre los años 2001 y 2021, la Amazonía perdió 1.858.285 hectáreas de bosque, lo cual representó el 58% de la deforestación de todo el país. En ese sentido, el Gobierno optó por cambiar la forma de lucha contra la deforestación, a partir de un modelo que involucre a la población. Sin embargo, cabe preguntarse de qué manera pretende hacerlo y si contará con los recursos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos.
Recordemos que el gobierno del presidente Iván Duque implementó la “Operación Artemisa”, consistente en desarrollar campañas militares y policiales para combatir la deforestación. Según datos del Ministerio de Ambiente, para enero del 2022, se habían recuperado 21.480 hectáreas de bosque degradado y, en una de sus últimas operaciones para ese momento, se había logrado la captura en flagrancia de 6 personas que se dedicaban a la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos en la Reserva Natural Nukak. No obstante, esta campaña generó una fuerte oposición, pues realmente no logró capturar ni frenar a los grandes deforestadores y presentó múltiples abusos a los Derechos Humanos de las poblaciones indígenas y campesinas. Además, tampoco se evidenció una disminución de la deforestación sino, por el contrario, un aumento.
La nueva estrategia en contra de la deforestación en Colombia comenzó con el desmonte de la Operación Artemisa, con un enfoque de inclusión de las comunidades. Esta nueva aproximación plantea una política de conservación, en la que las operaciones militares serán destinadas exclusivamente a los incendios y a atacar a los grandes responsables de la deforestación en Colombia. Así, se busca incentivar a las comunidades para que sean ellas las protectoras de los bosques, a partir de incentivos económicos y de educación para la protección del medio ambiente, así como a través del fortalecimiento institucional en las regiones. Esta política de cooperación se ve reflejada también en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que propone que se suscriban concesiones con familias y organizaciones campesinas, hasta por 30 años prorrogables, para el manejo de reservas forestales y zonas baldías, con el fin de frenar la deforestación, herramienta que puede ser discutible desde la perspectiva de presencia física y capacidad para enfrentar a los grupos criminales que están involucrados en la deforestación.
Del mismo modo, el Gobierno presentó un Plan de Contención de Deforestación, cuyo propósito principal es convertir los núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal (NDF). Según José Ignacio Muñoz, de Visión Amazonía, los NDF son lugares que están siendo deforestados de forma acelerada, con acceso fluvial y/o terrestre, y con mercados forestales que tienen una oportunidad de crecimiento. A través de estos, se busca precisamente que, a partir del conocimiento de las comunidades del entorno, se promueva una economía forestal que sea sostenible y comunitaria.
Parece claro el cambio de enfoque que quiere dar el gobierno Petro a la política de lucha contra de la deforestación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, probablemente, Colombia no contará con los mismos recursos de cooperación internacional para la protección de la Amazonía, pues, con el cambio de gobierno en Brasil, una buena porción de este dinero será entregado al país vecino, considerando su interés en la protección de este territorio.
En todo caso, en aras de la protección del medio ambiente, la salud y la biodiversidad, esperamos que las nuevas políticas gubernamentales resulten eficientes, toda vez que, sin lugar a dudas, la lucha contra la deforestación se ha convertido en un asunto prioritario, tanto a nivel nacional como internacional, y el Estado colombiano debe estar a la altura para enfrentarlo.
