viernes, 6 de mayo de 2022
Según estudios del Banco Mundial, el cambio climático podría provocar el desplazamiento de 216 millones de personas para 2050, con zonas críticas de migración interna que surgirán desde 2030, extendiéndose e intensificándose a partir de entonces y, por tanto, la urgencia y escala del desafío exige a los países aprender rápidamente unos de otros, adaptarse a sus circunstancias especiales y ser audaces en la implementación de políticas que modifiquen la curva de emisiones y mejoren los medios de subsistencia.
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, emitida por Colombia en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, algunas de las circunstancias relevantes de nuestro país son las siguientes:
1. El patrón de desarrollo del país, con una bajísima integración a los mercados internacionales hasta finales del siglo pasado, generó en su mayoría una red vial para conectar directamente las ciudades en el interior del país. Adicionalmente, como la mayoría de la población vive en las montañas, se privilegió su trazado por ellas, sorteando toda suerte de accidentes geográficos, cambios de altura y terrenos geológicamente inestables, con lo que la infraestructura vial se configuró como altamente vulnerable al cambio climático. Lo anterior dificulta la movilidad de mercancías en el territorio nacional, hacia y desde los mercados externos, encarece los fletes y hace la red de carreteras poco confiable.
2. Otro factor que hace al país muy vulnerable al cambio climático es la pérdida funcional del sistema férreo y de la navegabilidad del río Magdalena. Esto obliga a que la gran mayoría del transporte de carga sea unimodal, vía carreteras, requiriendo desplazamientos muy largos en camiones. Es claro que el transporte por carreteras no sólo contribuye con más GEI (Gases Efecto Invernadero) a la atmósfera, sino que también encarece los costos de la logística.
Los compromisos adquiridos con la Ocde, el Acuerdo de París, y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), han generado en el país una sólida voluntad en la ejecución de actividades tendientes a construir infraestructura sostenible.
En materia política y jurídica, se han creado las bases para brindar confianza y seguridad jurídica a efectos de promover la inversión en ello, tales como la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), la creación de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, la Ley 1931 de 2018, el Plan Nacional de Adaptación, el Conpes 4060 de noviembre de 2021, la Estrategia 2050, y recientemente la adopción de la taxonomía verde como instrumento que permite la movilización de recursos, tanto públicos como privados, hacia inversiones ambientales, y facilita un lenguaje común para las finanzas verdes.
Hoy la infraestructura sostenible es una realidad y el interés de los financiadores cada vez crece por la inversión en proyectos sostenibles, como es el caso del bono social de infraestructura emitido en el marco de la refinanciación de la Concesión de cuarta generación Pasto - Rumichaca, este es el segundo bono social que emite Sacyr en Colombia.
Colombia ha llegado a una etapa en la cual los mercados internacionales, y en especial la banca multilateral, reconocen su madurez en la promoción del cambio hacia las finanzas sostenibles. El país ha adoptado marcos que permiten integrar los estándares ASG, la gestión del riesgo climático y la financiación de la sostenibilidad.
