El país con más abogados debe reevaluar cómo los forma

Colombia encabeza el ranking mundial de abogados por habitante, con 801 por cada 100.000, y pasó de 244.336 abogados vigentes en 2015 a 425.016 en 2025, según la Corporación Excelencia en la Justicia. El debate que sigue a esas cifras lleva años girando sobre las 114 facultades y sobre la acreditación, dado que apenas 23% de los programas está reconocido como de alta calidad. Esas discusiones miran la entrada del sistema. Hay otra que ocurre después del grado y que la automatización volvió urgente.

Durante décadas, la formación real del abogado colombiano ocurrió en las firmas y las empresas, haciendo revisión documental, investigación, primeros borradores y debida diligencia. Ese trabajo funcionaba como práctica clínica encubierta, porque le servía a la organización para facturar y al abogado joven para aprender por repetición. Es el trabajo que la automatización absorbe primero. Un análisis de julio situó la caída de posiciones de entrada en derecho, consultoría y banca en 35% desde 2023, y en febrero Baker McKenzie recortó entre 600 y 1.000 puestos globales, la mayor reducción atribuida a inteligencia artificial en la industria.

La medicina resolvió este problema hace más de un siglo. A nadie se le ocurre que un cirujano aprenda a operar en clase. La formación médica incluye internado y residencia, con responsabilidad graduada, supervisión permanente y alto volumen de casos reales, en instituciones que entienden la docencia como parte de su misión y no como subproducto de la atención. El hospital universitario destina tiempo, personal y presupuesto a enseñar y evalúa criterio clínico además de conocimiento.

Colombia ya tiene el vehículo para algo equivalente. La Ley 2113 de 2021 define el consultorio jurídico como escenario de aprendizaje práctico donde los estudiantes, bajo supervisión docente, desarrollan competencias con casos reales. Es obligatorio, dura entre dos y cinco semestres, integra el currículo y la ley dispone que en ningún caso puede omitirse, homologarse ni sustituirse.

Lo que falta es alcance. El consultorio atiende asistencia jurídica gratuita a población vulnerable, una función social valiosa que enseña litigio, conciliación y trato con usuarios, pero no el oficio técnico que las firmas enseñaban por su cuenta, esto es el análisis de contratos, la debida diligencia y la revisión documental a volumen, carece de equivalente formal. Mientras las firmas lo cubrieron, la ausencia pasó inadvertida.

Transformar la formación significaría llevar ese trabajo al currículo con la misma lógica clínica: casos reales, responsabilidad graduada, supervisión experta y evaluación del criterio antes que del resultado. Y agregaría una competencia que ninguna generación anterior necesitó, verificar lo que produce una máquina. Un estudiante que revisó doscientos contratos bajo supervisión aprende a detectar lo que importa; quien nunca lo hizo aprobará lo que el sistema le entregue sin con qué juzgarlo.

El país con más abogados por habitante tiene el problema más grande y la mejor infraestructura para resolverlo, porque la práctica obligatoria ya existe y solo requiere ampliar su propósito. La lección de la medicina es que formar nunca fue gratis, y que el hospital que enseña lo hace porque lo decidió, con presupuesto y horas asignadas. Las facultades de Derecho recibieron durante décadas ese servicio de las firmas y las empresas sin pagarlo ni diseñarlo y esa donación se está acabando.