El problema de la contratación pública no es solo el robo

Cada vez que un proyecto público fracasa en Colombia, la conversación se dirige de inmediato hacia la corrupción. Es comprensible, porque el país ha visto demasiados casos reales de recursos desviados. Pero también puede ser una simplificación peligrosa, porque muchos de los problemas más graves del Estado no ocurren porque alguien se robó el dinero. Ocurren porque nadie supo ejecutar.

El caso de los pasaportes lo ilustra. Más allá de la disputa política sobre el contratista, el nudo fue la dificultad del Estado para montar a tiempo un nuevo modelo de producción y transferir capacidades desde un operador privado hacia la Imprenta Nacional y un socio extranjero. El resultado fue una cadena de urgencias manifiestas y prórrogas para que el país no se quedara sin libretas. En el fondo no hubo un robo: hubo una enorme dificultad para ejecutar.

Los números cuentan la misma historia a mayor escala. La Contraloría advirtió que la ejecución de la inversión pública cerró 2024 en 57%, el nivel más bajo de la historia. En 2025, el sector Transporte comprometió el 98% de su presupuesto pero solo ejecutó el 46,3%, su peor desempeño en siete años, con el Invías dejando más de un billón de pesos sin ejecutar en vías. El dinero estaba y las decisiones tomadas. Faltó convertirlas en obras.

Durante décadas, Colombia construyó un aparato de control cada vez más complejo: más requisitos, más auditorías, más instancias de revisión. Eran necesarios y han evitado abusos, pero no se tradujeron en mejor ejecución y a veces produjeron el efecto contrario. Surgió una cultura donde evitar el riesgo importa más que producir resultados: muchos funcionarios prefieren no decidir antes que arriesgarse a una investigación, y muchos proyectos quedan atrapados entre controles, interpretaciones jurídicas y temor a sanciones.

Ahí está el desequilibrio de fondo. El país invirtió enormes esfuerzos en mecanismos para evitar el robo, y muchos menos en las capacidades para ejecutar proyectos complejos: gerencia de proyectos, transformación digital, coordinación entre entidades y gobierno de datos. Casi nunca entran en la discusión pública, centrada en quién vigila a quién.

La experiencia internacional muestra que control y ejecución no se excluyen. Países que fortalecieron su transparencia también construyeron cuerpos técnicos profesionales, gerencia pública de proyectos y continuidad institucional, y por eso ejecutan mejor sin renunciar al control. El daño aparece cuando el control reemplaza a la gestión y el Estado se vuelve experto en vigilarse y mediocre en construir.

Conviene decirlo con todas sus letras. Una democracia no fracasa solo cuando aparecen casos de corrupción. También fracasa cuando es incapaz de construir, ejecutar o transformar. La incapacidad administrativa puede ser tan destructiva como la corrupción, y a veces lo es más, porque destruye valor público sin un responsable identificable a quien señalar. El daño se diluye en la lentitud y en la obra que nunca arranca.

Colombia necesita seguir combatiendo la corrupción, sin matices. Pero también necesita empezar a hablar en serio de ejecución, porque un Estado que no convierte decisiones en resultados produce para el ciudadano el mismo efecto que el robo: obras que no aparecen, servicios que no funcionan y problemas que no se resuelven. Ningún control, por sofisticado que sea, reemplaza la capacidad de hacer que las cosas ocurran.