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viernes, 10 de noviembre de 2023

Pasados los comicios regionales y decantándose la confrontación política propia de unas elecciones polarizadas, es preciso entrar a revisar con cuidado los retos que los nuevos mandatarios locales asumen en un momento en que los indicadores de desarrollo no son los mejores. Para el caso de Bogotá, son evidentes las oportunidades de mejora para el nuevo plan de gobierno, a efectos de lograr consolidar una ruta que permita la culminación de los proyectos en curso y acometer políticas que permitan un desarrollo urbano sostenible y ordenado.

Uno de los desafíos más importantes que tendrá el nuevo mandatario será lograr la implementación de los diferentes instrumentos de planificación que quedaron establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 555 de 2021), dentro de una coyuntura económica poco favorable para el sector de la construcción. La coordinación con el Gobierno Nacional es fundamental para lograr que se ajuste la política de vivienda que se ha visto comprometida en razón a la caída dramática caída de la demanda de vivienda. Se deben abordar temas estructurales como el modelo de financiación de proyectos y una política clara para efectos de lograr la consolidación o salvamento de proyectos que no lograron un punto de equilibrio o que, incluso habiendo iniciado su desarrollo, se han visto afectados por las altas tasas de interés, el alza de los precios en los insumos y los cambios en la política de subsidios dadas las modificaciones al programa de Mi Casa, entre otros factores.

El desarrollo urbano ordenado, se logra únicamente con una participación articulada de todos los actores públicos y privados. Por parte del gobierno distrital es fundamental avanzar en la expedición de las normas que desarrollen los instrumentos de planeación, gestión y financiación establecidos en el POT, incluyendo la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Local (rezagadas en su concreción) y de las Actuaciones Estratégicas. La implementación de éstas últimas, así como la articulación eficiente en la concertación, formulación y adopción de planes parciales será vital para lograr una verdadera renovación urbana.

Precisamente, en el marco de las múltiples obras de infraestructura en desarrollo, especialmente en lo referente a las potenciales externalidades que pudiera generar la primera línea del metro, es fundamental que se dé un proceso de renovación urbana a lo largo del corredor (especialmente en el trayecto sobre la Avenida Caracas) en el cual se mitiguen los impactos que un metro elevado conlleva, incluyendo una gestión eficiente en el cuidado y defensa del espacio público y una regulación apropiada que permita la generación de incentivos suficientes para la estructuración de diferentes proyectos comerciales, dotacionales y de vivienda que puedan generar sinergias con la operación del metro.

Finalmente, es preciso mencionar la importancia en el seguimiento y revisión de los incentivos que se pueden estar derivando del incremento en las cargas asociadas a desarrollos inmobiliarios, así como el impacto que estos puedan tener en la concreción de nuevos proyectos. En época de crisis, como la actual, es fundamental que la reglamentación facilite la inversión privada y evite costos de transacción que puedan hacer inviable la inversión.