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Viernes, 14 de septiembre de 2018

Los entes territoriales donde se explotan recursos no renovables, hoy en día acceden a un porcentaje mayor que los demás entes territoriales, pero para ello requieren de la presentación de un proyecto que debe ser aprobado por los Ocad tal y como lo disponen la Ley 1530 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Sin embargo, esta dinámica ha sido cuestionada recientemente por los entes de control, señalando que el mecanismo actual no es efectivo pues de los 12.000 proyectos aprobados con recursos de regalías no se está dando prioridad a obras primarias como son las de agua potable y saneamiento básico, sino a proyectos con prioridades poco útiles para los municipios. De allí que en un reciente informe de la Contraloría se haya señalado que pese a ser el sexto país con mayor riqueza hídrica en el mundo, solo cinco de los 32 departamentos tienen acceso a agua de calidad.

¿Cuál sería entonces una solución para que estas regalías puedan distribuirse de tal forma que se pudieran atender las necesidades primarias? Es claro que el actual mecanismo no está siendo eficiente, en la medida en que, de acuerdo con la Ley 1530 de 2012 y sus decretos reglamentarios la asignación de los recursos debe cumplir estrictos y excesivos requisitos de gestión incluso desde la presentación del proyecto por los dirigentes regionales ante la Ocad, con todo lo que ello implica.

Allí es donde inician las dificultades para la ejecución efectiva de los recursos, pues muchos de los proyectos presentados se quedan en su simple presentación, ya que una de las grandes problemáticas es que los requisitos para la presentación de estos proyectos son de difícil gestión y cumplimiento por los entes territoriales. En consecuencia, los proyectos resultan siendo definidos por los miembros de la Ocad que, por obvias razones, a veces no conocen de primera mano cuáles son las necesidades básicas prioritarias de los municipios.

Vemos entonces que el problema radica, entre otros aspectos, en la falta de pericia para gestionar las autorizaciones aplicables a los proyectos y en la falta de conocimiento de los Ocad respecto de las obras prioritarias de cada municipio o departamento. Planteado el problema, valdría la pena analizar si una posible solución podría ubicarse en que las empresas minero petroleras en conjunto con la comunidad y las entidades territoriales, definieran directamente los proyectos de inversión con cargo a las regalías ya pagadas, e incluso pudieran pagar las regalías con las obras que se definieran de modo que este mecanismo permitiera hacer realidad aquellas obras prioritarias que hoy bajo el actual esquema no han podido desarrollarse. Algo similar a los proyectos de obras por impuestos en las Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) establecidos en la Ley 1819 de 2016 pero ampliado a todos las regiones minero petroleras.

Claro que esta iniciativa requeriría de actos legislativos que modificaran la Constitución, como el reciente Acto Legislativo 4 de 2017 que señaló que los recursos de regalías deberían ir a proyectos que tuvieran como objetivo el fin del conflicto y la reparación de las víctimas; sin embargo, sería una modificación valiosa que potenciaría la realización de proyectos de inversión que tanto necesitan hoy en día los departamentos y municipios que en vez de “velódromos” necesitan acueductos o plantas de tratamientos de aguas para acceder al agua potable y que podría mejorar la relación de la industria con la comunidad.