jueves, 7 de marzo de 2019

Desde hace dos años aproximadamente, el sector extractivo colombiano entró en una de las incertidumbres más importantes desde la precipitada caída de los precios de los commodities del 2011. El auge de las consultas populares que se extendieron a lo largo del territorio nacional, en las cuales el no a las actividades mineras y petroleras era prácticamente unánime.

Esta tendencia que iba en contravía del sector que más ingresos le produce a Colombia generaba más que solo una incomodidad, por el contrario, al ir de la mano de la falta de regulación al respecto, las consultas populares lograron poner a todo un sector de la economía en vilo ante la poca seguridad jurídica.

De unos meses para acá, el sector extractivo finalmente empieza a ver luz al final del túnel. Por fortuna, la Corte Constitucional decidió unificar la jurisprudencia respecto de los efectos de las consultas populares, que, por medio de la sentencia SU-095 de 2018, acertadamente decidió que:

-Las consultas populares no pueden prohibir actividades mineras o de hidrocarburos en los territorios

-Los gobiernos territoriales no pueden prohibir estas actividades dentro de sus municipios o departamentos

-Las consultas populares definitivamente no pueden desconocer derechos adquiridos.

Adicionalmente, además de la referida sentencia SU-095 de 2018, el sector ha tenido una racha positiva para su desarrollo en Colombia debido al repunte en los precios de los commodities, y debido a que Colombia le está apostando a fortalecer este sector de la economía con la implementación del Fracking y de las áreas offshore.

Ahora que el panorama se está aclarando para las actividades mineras y de los hidrocarburos desde el lado jurídico, se vienen grandes retos para el sector, y se aprovechen las oportunidades que se les están brindando.

1)Como primera medida, el trabajo con la comunidad es fundamental, por cuanto la inversión social en las zonas de influencia directa en indirecta, no solo debe verse reflejado cuantitativamente, sino debe socializarse para mejorar la percepción de favorabilidad frente al sector extractivo.

2)El compromiso ambiental es otro de los retos más desafiantes que debe asumir el sector. Como bien se ha visto, la oposición al fracking ha sido tajante por parte de una porción mayoritaria de la población.

No se puede desconocer que tanto la minería como los hidrocrburos son actividades económicas que tienen un fuerte impacto ambiental, pero también son as actividades sobre las cuales prácticamente se basa el funcionamiento de la sociedad actual, y es por ello que los empresarios, no solo deben tener un estricto cumplimiento a la normatividad ambiental, sino deben dar un paso más allá y aplicar y socializar políticas ambientales propias encaminadas a la recuperación ambiental, reforestación y sobre todo el cuidado de los acuíferos.

3)Por último, otro de los retos más importantes en el trabajo directo con las autoridades, como veedores privados para que el dinero proveniente de las regalías, que por cierto, la norma general es el pago oportuno de las mismas, que llenan las arcas del Estado, lleguen a su destino, y se inviertan en los territorios para el desarrollo social y económico de las áreas donde son destinados los recursos, y así todos nos podremos beneficiar de estas actividades,

Por lo anterior, como lo dijo el Dr. Carlos Mantilla en su columna sobre el fracking del pasado 4 de octubre de 2018, “el reto es hacerlo bien, no prohibirlo”, cita que es pertinente extenderla a todo el sector extractivo.