miércoles, 28 de febrero de 2024

Puede parecer redundante un artículo de opinión sobre el decreto de liquidación del presupuesto o el denominado decreto de “yerros”. También, respecto del proyecto de decreto que ahora busca conferirle al Presidente facultades sobre la definición del presupuesto de inversión. No obstante, conviene hacer algunas reflexiones, pues la seguridad jurídica, la separación de poderes, la confianza del mercado, la estabilidad de los proyectos, el riesgo país y la esencia misma del Estado Social de Derecho pueden estar en juego.

Los efectos de lo ocurrido en las últimas semanas probablemente no van a corregirse con el simple decreto de “yerros”, pues las palabras del Ministro de Hacienda, ahora corroboradas con dicho proyecto de decreto, generan un mensaje muy elocuente: en adelante, el Gobierno Nacional va a “priorizar” la asignación de recursos con los que estaba previsto atender los compromisos presupuestales, para, al parecer, asignárselos a proyectos distintos; y, además, va a graduar el cumplimiento de tales compromisos en la medida en que él quede persuadido —al parecer mediante algún mecanismo ajeno a las entidades contratantes— de que los contratistas vienen haciendo un buen trabajo.

Esos efectos no solo minan la confianza de los contratistas del Estado, sino que llegan con fuerza hasta los prestamistas y los garantes —nacionales e internacionales— de los proyectos para la construcción de infraestructura.

Quedan aún preguntas no menores por responder: ¿Cuál puede ser el alcance del decreto que el Gobierno Nacional planea expedir? La exigencia de que las entidades “deb[an] solicitar la conformidad del Presidente de la República, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales” ¿va a estar referida exclusivamente a nuevos proyectos o también a los que estén en curso? ¿Qué alcance se le va a dar a dicha “reprogramación”? ¿Por la vía de la “reprogramación" se desconocerán los compromisos asumidos y perfeccionados en materia de vigencias futuras?

Estos interrogantes adquieren mayor relevancia con los pronunciamientos recientes del Ministro de Hacienda en relación con, por ejemplo, el proyecto del Metro de Bogotá, al afirmar que tomarán decisiones presupuestales en función del avance de la obra como si no existiera ya un contrato que prevé las consecuencias ante eventuales retrasos o incumplimientos, y cuenta con una interventoría en pleno funcionamiento.

Además, cabe recordar hechos como la moratoria en la actualización de las tarifas de los peajes que vienen a sumarse a los anteriores para confirmar que los temores de contratistas, prestamistas y garantes no son gratuitos y que bien pueden incidir en la viabilidad de futuros proyectos críticos para el desarrollo del país.

La falta de certeza sobre el cumplimiento de los compromisos presupuestales de las vigencias futuras les impide a todos los partícipes de este tipo de proyectos realizar una planeación con metas claras a corto, mediano y largo plazo, y el mayor nivel de riesgo, si no frustra proyectos, terminará demandando unos costos mucho mayores que habrán, en última instancia, que asumir los usuarios.

*Felipe Piquero, Socio Esguerra Asesores Jurídicos

*Adriana Nieto, Socia Esguerra Asesores Jurídicos

*Tatiana Mamby, Asociada Esguerra Asesores Jurídicos