viernes, 16 de junio de 2017
No obstante, la creación de esta nueva entidad, no es muy clara aún la estrategia y política de estado bajo la cual se logrará la verdadera inclusión laboral de los desmovilizados.
La necesaria reintegración de los excombatientes, tiene desafíos importantes. Ellos no son desempleados del común; por el contrario, son personas con poca aceptación civil y en muchos casos con un bajo nivel educativo. Cuentan con el apoyo económico del Estado, pero luchan con unas condiciones adversas para emplearse de manera estable y sostenible. Esto debe cambiar. De manera tal, que si hoy los excombatientes colombianos ya no son personas sin voz ni poder; como sociedad, debemos pensar distinto y entender la importancia de aprender a compartir.
El derecho al trabajo está enmarcado de forma general, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Puede exigirse igualmente bajo el principio de la igualdad, con lo cual el Estado colombiano debe buscar la manera de garantizar esa igualdad.
A la fecha no se ha expedido ningún decreto o ley cuya finalidad sea fomentar que las empresas privadas brinden empleo a los futuros ciudadanos; no obstante, gracias a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha sido posible sacar una serie de estadísticas y posibles rutas a seguir.
De las personas desmovilizadas, 69,4% trabajan en la informalidad y 30,6% lo hacen de manera formal; tenemos así que la reinserción no es un tema sencillo y si estas personas buscan una vida más digna, el empleo informal no pareciera ser la ruta de integración idónea.
Una vez expuestas las cifras anteriormente mencionadas, es evidente el papel que juegan las empresas privadas en este proceso que implica la superación total o parcial del conflicto.
La promesa de una paz estable y duradera es responsabilidad de toda la sociedad civil, no solo de los principales actores involucrados en el conflicto; razón por la cual la empresa privada debe adquirir un papel protagónico para nuestra amada Colombia. Si lo anterior no ocurre, estaríamos propiciando el mantenimiento de uno de los principales azotes de nuestra historia.
Cada compañía privada puede gestionar de acuerdo a su objeto social muchas alternativas que representen oportunidades de emprendimiento, o generación de empleo digno, acorde a las diferentes alternativas que presenta nuestra realidad jurídica. Si se logra ésa inclusión laboral, podremos darle una verdadera bienvenida a los excombatientes, a la vida civil.
Hay muchas empresas que se vieron perjudicadas por el conflicto armado y esta es la oportunidad de unir esfuerzos en pos de un mejor mañana. Ratifiquemos que hay caminos de destrucción que no llevan al progreso, ni a la felicidad.
Es altamente satisfactorio conocer que más de 650 compañías estén colaborando activamente en esta transcendental misión. Pero necesitamos que todas colaboren, por lo tanto, avoco por una regulación legal-laboral que brinde muchas alternativas y facilidades a las organizaciones, para que de una u otra forma contribuyan a la consolidación del proceso de paz en pro de las generaciones futuras.
