El Balance de la Tormenta Energética

Colombia enfrenta una tormenta energética. Las reservas de petróleo y gas se reducen sin nuevos hallazgos significativos, la producción de gas cae en campos estratégicos, y los taladros activos son cada vez menos por la ausencia de actividad exploratoria. Sin embargo, el país sigue dependiendo fiscalmente del sector. No es evidente el interés en revertir la tendencia y el problema no es solo técnico ni financiero. Es político y regulatorio. Mientras se multiplican anuncios sobre transición energética, la realidad es que el país debe cambiar su hoja de ruta constantemente y, aunque se ven avances, no se puede afirmar que se cumplirán las metas de descarbonización. Se estigmatiza al gas, pero a la vez se necesita duplicar su uso como combustible de transición y coordinar múltiples sectores. Sin embargo ha crecido la dependencia del gas importado. Hoy en el país se aplica la ley de la contradicción: “sí pero no”, y no se quiere aceptar (hipócritamente) la necesidad y la importancia del petróleo y del gas para esta transición, como es evidente en el resto del mundo. Aunque hay intención del sector privado, la capacidad institucional no prioriza lo que se requiere.

Lo cierto es que la matriz energética se ve más nutrida. En fuentes alternativas como geotermia y biocombustibles ya existen desarrollos normativos y ya se otorgó el primer permiso bajo el Decreto 1598 de 2024. En biocombustibles, se emitió el plan de implementación del SAF y hay varios proyectos en la agenda regulatoria, entre ellos el reglamento técnico de calidad SAF y el registro de productores e importadores. Aunque el marco normativo (Ley 1715 de 2014 y Decreto 2236 de 2023) impulsa el desarrollo de los biocombustibles, persisten cuellos de botella técnicos y ausencia de cadenas productivas consolidadas – según informes IPSE y UPME (2023-2024) –. El compromiso del sector privado y de los gremios es total. En renovables, los proyectos enfrentan barreras ambientales, limitaciones en la red de transmisión y principalmente oposición social (como en el sector petrolero). El Gobierno promueve la integración vertical en sector energético con importantes oposiciones técnicas, ya que genera riesgos de concentración de mercado, reducción de competencia y barreras de acceso para pequeños actores del sector eléctrico.

El país es un referente en combustible marítimo, pero la aplicación de mezclas de biocombustibles sin garantizar el cumplimiento de estándares de calidad está afectando la credibilidad frente a consumidores internacionales esto genera un riesgo para los contratos en ejecución por los distribuidores nacionales.

Mientras tanto, el Ministerio de Minas y Energía, por intereses ajenos al sector, bloqueó más de 800 estaciones de servicio (terrestres, marítimas, fluviales y de aviación), afectando el abastecimiento en varias zonas del país y generando pérdidas a los agentes de distribución. Algo similar podría ocurrir con la entrada en operación del SIGDI – Sistema de Información de Guías Digitales de Transporte – que aún no ha logrado ofrecer soluciones para una logística compleja, generando un nuevo riesgo para el abastecimiento.

Los procesos de autorización y solicitudes que deben pasar por el Ministerio triplican los tiempos normales de respuesta, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios que enfrentan avalanchas de solicitudes.

La matriz tiene opciones, y siendo optimista de los técnicos que tiene nuestro país, yo la veo como un vaso medio lleno. Pero las dificultades persisten: la disponibilidad energética sigue comprometida y sin avances reales en descarbonización, el abastecimiento de combustibles está en riesgo, y las energías alternativas apenas comienzan su maduración.