lunes, 14 de septiembre de 2020
Definitivamente, el Gobierno está en mora de diseñar una política que garantice la sostenibilidad de la aviación general, que es aquella que se realiza con fines diferentes a los comerciales.
Esta aviación, tradicionalmente ignorada, sufre de una regulación inadecuada y a veces absurda, a pesar del rol esencial que juega en la conectividad del país. De hecho, es la única alternativa de comunicación en muchos territorios colombianos que son inaccesibles.
Se trata de regiones cuyos aeropuertos son muy restringidos, operan en condiciones en extremo precarias, y no admiten sino aeronaves pequeñas
Es a través de ella, que también se realizan la mayoría de los vuelos humanitarios y aquí cabe destacar la labor que, desde hace años, vienen realizando los pilotos privados, a través de organizaciones sin ánimo de lucro, como el Aeroclub de Colombia y la Patrulla Aérea Civil Colombiana, a las que tengo el orgullo de pertenecer.
La Patrulla Aérea presta atención médica y de emergencia gratuita en zonas marginales de acceso remoto. En la última década, esta organización ha realizado 251.308 consultas médicas y 9.350 cirugías y es la única opción de salud para una importante parte de la población marginada y vulnerable.
Durante la pandemia la Patrulla Aérea y los pilotos del Aeroclub de Colombia han volado miles de horas llevando suministros y equipos a los médicos en las regiones más apartadas, transportando y trayendo material para recoger las muestras de covid y desplazando epidemiólogos con el fin de detener el avance del contagio.
Sin embargo, la carga tributaria impuesta a la importación de las aeronaves destinadas a este tipo de aviación es tan exorbitante que, en la práctica, la torna prohibitiva sin justificación alguna.
Se presenta aquí además lo que se conoce como efecto “Laffer” que consiste en qué cuando las tarifas de los impuestos son excesivas, los recaudos del Estado, lejos de incrementarse, se disminuyen.
A pesar de que en Colombia no existe producción nacional de estas aeronaves, el nivel impositivo sobre su importación es mucho más alto que el de países como México, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala Chile, Argentina, entre otros, y está representado por el impuesto al consumo 16% y el IVA 19%, para un total de 35%.
Esta exagerada carga ha impedido la renovación del parque aeronáutico que conforma la aviación general y la implementación de nuevas tecnologías, además de que el Estado se ha quedado sin recaudar suma alguna por este concepto. Prueba contundente de lo anterior es que durante 2019 solo se registró la importación de 3 aeronaves de peso en vacío superior a 2000 kg pero inferior a 15.000 kg.
A su vez, la obsolescencia del parque aeronáutico conlleva a ingentes sobrecostos de combustible, repuestos, mantenimiento, etc, lo que tiene un drástico impacto social, y grava innecesariamente las actividades productivas, agrícolas y la conectividad del país.
Ello será más dramático aún si se considera que el covid 19 hará más restrictiva e inaccesible la aviación comercial.
Así que, en aras de dar coherencia a las reglas sobre excepciones, exclusiones y tarifas diferenciales del IVA, con los móviles que las inspiran, y si el Estado pretende incrementar sus recaudos, es menester reducir significativamente la incidencia del IVA sobre estas aeronaves. Ello es indispensable para facilitar una aviación que, a pesar de su importancia vital en el desarrollo y bienestar del país, está languideciendo por la falta de una política adecuada.
