martes, 24 de marzo de 2020

Como si no fueran suficientes las graves penurias derivadas de la pandemia por el Covid-19, hay quienes han visto esta tragedia como una oportunidad para sacar réditos. Hace pocos días, The New York Times documentó uno de estos casos al relatar la historia de un ciudadano estadounidense quien, tras conocer de la primera muerte causada por el Covid-19, recorrió miles de kilómetros adquiriendo en las tiendas y droguerías ingentes cantidades de desinfectantes para manos, con el fin de revenderlos a precios más altos en Amazon.

Según narra este diario, muchos vendedores “on line” han acudido a la misma práctica, lo que ha derivado en la escasez de productos vitales para afrontar esta crisis y en el incremento exorbitante de su precio de venta en las plataformas digitales.

Otro ciudadano, compró en Ohio 10.000 tapabocas y obtuvo una ganancia de US$ 25.000 vendiéndolos a través de Amazon y un conductor de camión obtuvo utilidades de alrededor de US$ 40.000 con la misma práctica.

Algunos de estos sujetos han pretendido justificar su comportamiento, al aseverar que están prestando un servicio público y supliendo la demanda frente la escasez que se presenta en el mercado. Según ellos, lo único que han hecho es contribuir a arreglar las ineficiencias del mercado, al colocar esos productos en sitios de difícil acceso.

Ante lo anterior, en EE.UU., las autoridades han tomado medidas tendientes a sancionar a los revendedores y ha ordenado a las plataformas como Amazon, cerrar las cuentas de quienes están incurriendo en este tipo de comportamientos.

Estas conductas son penalizadas por la legislación estadounidense bajo el concepto del “price gouging” que busca impedir los precios irrazonables de los bienes y servicios esenciales en casos de desastres.

En Colombia, se han replicado conductas similares y algunos “ciudadanos” han intentado acaparar y adquirir en las farmacias y tiendas de retal, grandes cantidades de papel higiénico, geles, alcohol, tapabocas, etc., para revenderlos, lo que ha contribuido a la escasez de estos productos y a significativos incrementos de los precios.

El código penal colombiano tipifica estas conductas como delitos de orden económico y penaliza el acaparamiento, que consiste en sustraer del mercado productos considerados de primera necesidad.

Por su parte el Decreto 2876 de 1984 a la SIC a los alcaldes y a los inspectores de policía a para que sancionen a quienes acaparen o especulen con estos productos.

Pero no sólo acaparan quienes pretenden lucrarse, sino aquellos ciudadanos que - en desarrollo del principio del “sálvese quien pueda” o del “yo primero y los demás que se frieguen” - buscan acumular estos productos abrumados por lo que los psicólogos expertos en consumo denominan como “Fomo” o “fear of missing out”, fenómeno que consiste en el impulso de acaparar algo, no porque lo necesitemos realmente, sino por el temor irracional de perder la oportunidad de tenerlo.

No son solo las autoridades quienes deben reprimir estos comportamientos, sino que las grandes superficies, las farmacias y las tiendas de retal, pueden también ayudar a evitarlas, como lo han hecho algunos de estos establecimientos, al limitar, de manera legítima, el número de unidades que venden por usuario.

Ojalá esta crisis nos ayude al menos a desarrollar el sentido de pertenencia y el principio de solidaridad, del que carecemos usualmente los colombianos, y que debe ser la base sobre la que debe asentarse cualquier sociedad.