Demandados por querer ir más despacio

¿Pueden las empresas que lideran la IA ponerse de acuerdo para ralentizar el desarrollo y los avances de esta tecnología?

Esta es la inquietud que surge de la demanda que unos usuarios de IA presentaron contra Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google ante un tribunal federal de San Francisco.

El 12 de septiembre Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó un ensayo en el que solicitó que se expidiera una regulación para ponerle límites a la IA que garantizara un equilibrio entre los desarrollos de la tecnología y la seguridad (https://darioamodei.com/post/we-must-pace-the-frontier).

Sin embargo, consideró que la expedición de las leyes es demasiado lenta comparada con la velocidad vertiginosa de la evolución de la IA y sugirió que, mientras se surte ese proceso, las empresas de IA establecieran estándares voluntarios. Solicitó también que el Gobierno expidiera una excepción a las normas antimonopolio limitada a permitir conversaciones sobre seguridad en el desarrollo de la IA.

Ese mismo día sus competidores respaldaron la propuesta con mensajes públicos. Elon Musk, dueño de SpaceXAI, compartió el ensayo en X cerca de una hora después con el comentario “Dario is right”. Sam Altman, de OpenAI, y Demis Hassabis, de Google DeepMind, también expresaron su acuerdo.

El 18 de septiembre, cuatro usuarios de estas empresas demandaron a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google ante un tribunal federal de San Francisco.

Según la demanda, las empresas violaron la Ley Sherman, que prohíbe los acuerdos entre competidores para reducir lo que producen. Para los demandantes, el documento de Amodei configuró una propuesta de acuerdo y los mensajes de ese día fueron su aceptación pública.

La demanda ha generado diversas reacciones.

La firma estadounidense Vinson & Elkins considera que actividades como realizar pruebas conjuntas de seguridad o compartir información sobre amenazas son lícitas, pues el derecho de la competencia de Estados Unidos las examina con la regla de la razón.

En la misma línea, Álvaro Bedoya, excomisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC), y Jonathan Kanter, exjefe de competencia del Departamento de Justicia, coinciden en que las empresas no necesitan ninguna exención para colaborar en seguridad.

Distinto es el caso del acuerdo para frenar la innovación, porque en él los competidores dejan de decidir solos cuánto avanza cada uno. Para Vinson & Elkins, la regla de la razón es una base frágil para justificar ese tipo de acuerdo, pues un pacto entre rivales para producir menos está cerca del núcleo de lo que prohíbe el derecho de la competencia.

Al margen de las discusiones anteriores, hay que considerar que la competencia no es un fin en sí misma, sino que debe ceder a intereses superiores, como la seguridad y el futuro de la humanidad frente a una tecnología que sus propios creadores consideran que, de no tener límites, se erige en una grave amenaza.

En consecuencia, corresponde al Estado buscar una solución a esa encrucijada, pero esa no parece ser una prioridad del presidente Trump.

De hecho, el 29 de septiembre Trump suscribió un acuerdo voluntario de autorregulación con las principales empresas del sector, las mismas que hoy están demandadas. La paradoja es evidente: mientras las empresas de IA son demandadas por supuestamente acordar estándares voluntarios, el propio Gobierno las convoca a sentarse juntas para autorregularse, pero sin brindarles ninguna garantía o inmunidad.

La respuesta a la pregunta con la que inicia esta columna la tiene un juez de San Francisco. Por el momento, lo cierto es que una decisión que puede afectar a toda la humanidad no debería depender de un pacto entre competidores ni de un litigio entre particulares, sino de reglas claras fijadas por el Estado.