Lunes, 28 de mayo de 2018

A pocos días del tan anunciado ingreso de Colombia al “club de los mejores”, “de las buenas prácticas” o “de los países ricos”, como se le llama coloquialmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), vale la pena preguntarse cuáles son las reales implicaciones que de ello se derivan para el país. Aunque la ilusión de hacer parte de esta elite de naciones ha llevado a adelantar reformas y a aprobar proyectos de ley para la protección total de los derechos de autor, aún queda un largo camino por recorrer y las preocupaciones de quienes tienen sus reservas frente al tema no pueden desestimarse.

La noticia de la aprobación por parte del último de los comités de la organización -el Comité de Asuntos Comerciales- el pasado 16 de mayo, ha sido recibida con euforia. Se ha señalado que la adhesión de Colombia a la Ocde se convertiría en nuestra “carta de presentación ante el mundo”; en este sentido, sería una garantía de cumplimiento de los estándares internacionales y, consecuentemente, una garantía para inversionistas e importadores de productos colombianos.

No obstante, se teme que ello constituya un retroceso que debilite la institucionalidad o inclusive que aumente la desigualdad endémica del país. Más aún, las grandes diferencias entre Colombia y los miembros de la Ocde en términos de desarrollo podrían dificultar el cumplimiento del país de los altos estándares fijados por la organización. Las cifras consignadas en los informes de la Ocde son alarmantes. El cociente de los ingresos de 10% de la población con mayores ingresos con respecto a 10% de la población con menores ingresos de Colombia es tres veces más que el de los países parte del grupo. Este indicador claramente refleja la notoria desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, muy a pesar de que las tasas de pobreza han registrado un descenso según fuentes del Banco Mundial.

En este sentido, el informe “Estudios Económicos de la Ocde – Colombia” destaca la necesidad de un crecimiento más inclusivo y de un aumento en la productividad. Señala que en materia de bienestar, los niveles de ingresos, educación y esperanza de vida son insuficientes. En palabras del reporte, “el crecimiento de la productividad es bajo y la brecha entre ricos y pobres es de las más altas de América Latina”. Persiste además un alto grado de informalidad, lo que agrava las desigualdades y limita el acceso a beneficios públicos, y la competitividad de las empresas se ve obstaculizada por excesivas cargas regulatorias y resultados judiciales lentos. De tal manera que la Ocde recomienda extender la educación de la primera infancia y aumentar su calidad para fomentar la inclusión, reducir aún más los impuestos y contribuciones sobre salarios y simplificar los procedimientos para el registro de empresas.

En consecuencia, a pesar de lo que se ha intentado hacer como resultado de la evaluación adelantada por la organización, la adopción de mejores prácticas está realmente muy lejos de culminar. De hecho, la inminente adhesión de Colombia al organismo plantea aún mayores desafíos. La pregunta sobre la disponibilidad de recursos para cumplir sus estrictas exigencias no deja de ser importante. Además, la proliferación incontrolada de trámites innecesarios tan característicos de nuestra cultura constituye un verdadero lastre para la competitividad del país, por lo que habría que aprovechar la actual coyuntura para establecer un programa serio y riguroso tendiente a contrarrestar este fenómeno metastásico y agobiante que parece no tener solución.