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martes, 23 de junio de 2020

La evolución de la pandemia ha evidenciado que sus consecuencias van más allá del aspecto sanitario.  Algunas de las medidas adoptadas por el Estado han llevado, hasta ahora, a unos buenos resultados en la prevención de contagios.

Sin embrago, en medio del desconcierto generado por la emergencia se han producido excesos, en parte, porque cada alcalde tiene su propio punto de vista y diferentes remedios para afrontar el virus.

Lo anterior se ha traducido en la imposición a rajatabla de una vorágine de restricciones, muchas de las cuales han arrasado con varios derechos fundamentales, además de que su idoneidad para prevenir el contagio resulta bastante cuestionable.

Un ejemplo: la improvisada medida que tuvo que reversar la alcaldesa de Bogotá que pretendía obligar a los ciudadanos a registrar sus datos personales en un aplicativo para controlar la movilidad de los capitalinos sin tener en cuenta la normatividad vigente respecto de habeas data.

Otras disposiciones de dudosa utilidad es el enigmático pico y placa de género ¿Cómo previene el contagio la salida unos días de hombres y otros de mujeres? La propia Claudia López, fue sorprendida en flagrante incumplimiento y en sus últimas disposiciones eliminó el tema de género.

Varios alcaldes se han arrogado la facultad de intervenir la economía estableciendo controles de precios e inexplicablemente han prohibido realizar, el fin de semana, actividades que están permitidas durante el resto de los días.

A este paso corremos el riesgo de que Colombia termine fragmentada en feudos municipales bajo la monarquía del correspondiente alcalde, sin una estrategia coherente y dirigida por una sola batuta.

Para el 15 de junio ya se habían reportado en Colombia 53.063 casos de contagio, 77% de ellos concentrados en 10 municipios y es de esperar que en la medida en que los contagios y fallecimientos se sigan incrementando, se producirán situaciones de pavor que conducirán a que los alcaldes adopten restricciones cada vez más drásticas y a incurrir en vías de hecho y lo que es más grave es que algunas de esas medidas no están sujetas a control automático de constitucionalidad o legalidad alguno .

Preocupan especialmente informaciones de prensa que señalan que también ciudadanos se arrogan la facultad de vulnerar los derechos de lo demás. Es el caso de algunos consejos de administración que han llegado a abusos inadmisibles al impedir, a los condóminos, a sus arrendatarios o visitantes, el acceso a sus viviendas. Se ha sabido también de acoso y amenazas que han sufrido profesionales de la salud en su propio vecindario.

Lo que parce claro, es que el contagio nos va a acompañar por lo menos un año más, que tendremos que aprender a convivir con ello y que no es viable extender un confinamiento generalizado durante ese lapso.

Países como Taiwán, que han sido exitosos en el control de la situación, han focalizado su estrategia, no tanto en el confinamiento, sino en la disciplina social, en guardar la distancia física y en evitar aglomeraciones, entre otras medidas. Va siendo hora de que pensemos en una estrategia articulada bajo un solo mando.

Entretanto, la procuraduría, las denuncias y acciones civiles de los ciudadanos contra los alcaldes y los consejos de administración abusivos y los jueces, jugaran un papel de vital importancia en la represión de los excesos y las vías de hecho.

Sería inadmisible que la pandemia nos deje la entrega del estado derecho a la dictadura de los alcaldes y al capricho de los consejos de administración de los condominios.