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martes, 13 de octubre de 2020

Es un hecho que todos nacemos con los minutos contados. Por eso es inadmisible que el Estado nos obligue a malgastarlos en trámites injustificados, que en no pocos casos son el resultado de la ignorancia, de la improvisación y, lo más grave, de la desconfianza y presunción de mala fe que está grabada, de manera indeleble, en el “chip” de muchos funcionarios públicos.

Además de que convierte en un viacrucis la vida de los ciudadanos, la tramitomanía hace prohibitivas ciertas actividades, imposibilita y vulnera el ejercicio de derechos, restringe la libertad personal, es fuente de corrupción, afecta de manera grave la competitividad de las empresas, incrementa gratuitamente el costo país, genera barreras de entrada al mercado y lesiona la competencia económica y la iniciativa privada, entre otras perversidades.

Es que somos adictos a los trámites, llevamos en el ADN el culto al sello y al Estado lo embarga la ansiedad constante de controlar a priori cada faceta del ciudadano, cada actividad de las empresas, como si todos fuéramos menores de edad.

Estas razones son suficientes para que la eliminación de trámites superfluos se convierta en una política de Estado y se le otorgue la mayor prioridad, como ha ocurrido en países como Estados Unidos que ha hecho de este objetivo una herramienta para fomentar la creación de empresas y la actividad económica.

Según The Competitive Enterprise Institute los sobrecostos generados por las regulaciones superfluas, fueron de casi US$2 billones anuales en 2017, lo que equivale a alrededor de US$6.000 dólares por persona y a 10% del producto interno bruto de los EE.UU.

Por ello, en junio de 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exigió como requisito, para que las entidades pudieran expedir una nueva regulación, que identificaran dos que pudieran derogarse. Se buscaba compensar los costos que generara la nueva regulación.

En colombia, a pesar de que la Constitución Política establece que en el ejercicio de la iniciativa privada “nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaciones de la ley” (artículo 333) y de que el Decreto 019 de 2012 obligó a las autoridades, para establecer los tramites autorizados por la ley, a certificar el impacto regulatorio y a acreditar, la justificación y eficiencia de los costos de implementación para los obligados a cumplirlos (artículo 39), en la práctica, en el país los tramites se reproducen solitos de manera metastásica, por todos los medios y providencias, incluso por circulares administrativas.

Por eso, es digna de apoyo la iniciativa “Estado Simple Colombia Ágil “lanzada por el Gobierno en septiembre de 2018, como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Según declaraciones del MinCit la reducción de tramites que se ha logrado, durante los dos años de vigencia de este programa, ahorró a los colombianos alrededor de $200.000 millones de pesos.

Con el mismo propósito, en agosto de este año se expidió la Ley 2052, que buscó facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de las obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. La pandemia llevó al Gobierno a promover medidas alternativas para garantizar el acceso a la administración de justicia a través de las plataformas digitales.

Es deber de los ciudadanos denunciar permanentemente los tramites superfluos en aras de garantizar que estos esfuerzos cumplan con su cometido y no languidezcan con el tiempo.