lunes, 31 de agosto de 2020
El 1° de septiembre haremos el transito del aislamiento preventivo obligatorio al selectivo. Este último dejara de fundamentarse en excepciones, para pasar a “una nueva normalidad” con restricciones.
Lejos de obedecer, las nuevas medidas, a la desaparición o siquiera al control de la pandemia, se prevé que el virus seguirá transmitiéndose durante un largo tiempo.
Aunque se trata de una situación que ha desbordado todo lo previsible, a estas alturas algunas realidades necesariamente ya deberían haberse decantado y por eso no se entiende que algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia sean contradictorias e incoherentes y otras que, se han expedido para hacer frente a esta “nueva normalidad”, generen incertidumbre y desconcierto.
Así, por ejemplo, riñe con el sentido común que, de acuerdo con el Decreto 1109 de 2020, los médicos de las EPS puedan negarse a otorgar incapacidades laborales a quienes han sido diagnosticados con covid-19, sustentándose en que, por sus condiciones físicas, los pacientes que resultaron positivos puedan ser priorizados para realizar teletrabajo. Así mismo, no existe reglamentación alguna que obligue a las EPS a incapacitar a los trabajadores que a pesar de tener síntomas no hayan sido aún diagnosticados o a aquellos que tienen alta probabilidad de contagio por tener un familiar cercano con covid-19. ¿Qué pasa, en estos casos, con aquellos cargos que no admiten teletrabajo, como por ejemplo los operarios de las fábricas o los conductores de los buses públicos? ¿Cuál será la suerte de un pequeño restaurante o de una microempresa de confecciones a la que se le enferman tres de sus cinco trabajadores?
Esa norma traslada a las empresas, en especial a las MiPyme, los costos de la ausencia del trabajador.
Así que de nada sirven las ayudas del Gobierno para no sucumbir ante la pandemia y para reactivar la economía, sí al mismo tiempo se les impone a las empresas los costos del aislamiento social. Cualquier auxilio a la nómina o a la prima de servicios puede diluirse en el pago de las incapacidades no reconocidas, licencias o permisos que definitivamente debería asumir el Estado. Luego claramente se está borrando con el codo lo que se ha hecho con la mano.
En cuanto a las medidas adoptadas a raíz del aislamiento selectivo, es encomiable que el Gobierno haya exigido obtener la autorización del Ministerio del Interior y el concepto previo del Ministerio de Salud, para que los alcaldes puedan “restringir las actividades, áreas, zonas y hogares”, en municipios de alta afectación. (Artículo 3º, Decreto 1168 de 2020).
La señora alcaldesa de Bogotá parece no haberse percatado de esta norma, pues en abierto desacato dispuso que el comercio al detal solo podrá operar de miércoles a jueves. Atenta contra la razón, además, que se pretenda evitar aglomeraciones para impedir los contagios potenciales, pero al mismo tiempo se adopten medidas que llevaran a salir a todos en tropel dos días de la semana. Ello incrementará y concentrará el volumen de compradores en esos días, en vez de espaciarlo y distribuirlo a lo largo de toda la semana.
La señora alcaldesa debe entender, de una vez por todas que sus ímpetus, no están por encima de la ley y que, además, cualquier limitación o restricción de los derechos de los ciudadanos, que ella pretenda establecer, ha de responder exclusivamente a criterios de necesidad, fundamento técnico y proporcionalidad.
