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lunes, 29 de octubre de 2018

Siempre que se aborda el tema de la política de libre competencia surge, inevitablemente, la discusión sobre la conveniencia de incrementar la cuantía de las sanciones. Sin duda es este el aspecto que más atrae la atención de la opinión pública y el que produce los mayores dividendos mediáticos.

Aunque nadie osaría cuestionar la necesidad de contar con un régimen sancionatorio, drástico y severo en esta materia, cabe preguntarse acerca de si este ha de ser el factor exclusivo sobre el que debe gravitar la política de competencia.

La respuesta claramente es negativa. Un régimen basado solo en la porra y el bolillo no es suficiente para estimular el cumplimiento de las normas y mucho menos para reparar la lesión social que generan las prácticas restrictivas.

En este sentido, en las Mesas Redondas Sobre Políticas de Competencia llevadas a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en 2011, se puso de presente que, aunque durante los últimos años las autoridades de los diferentes países miembros habían impuesto severas sanciones -e incluso medidas penales- a los infractores de las normas de libre competencia, no había evidencia sólida de que las conductas anticompetitivas, y en particular las consistentes en la formación de carteles, se hubieran reducido. Por el contrario, hubo un consenso general entorno al hecho de que los programas de cumplimiento (compliance) -auténticos y no de papel- podrían ser de gran ayuda a la hora de generar una cultura de competencia para disminuir las conductas anticompetitivas.

De hecho, las cuantiosas sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio solo han ido a engrosar las arcas del Estado, nada más.

Por consiguiente, las medidas represivas deben complementarse, con mecanismos para prevenir las conductas restrictivas, estimular el cumplimiento del régimen de competencia e incorporarlo en el ADN de la cultura de las empresas en Colombia

Para lograr este cometido, hay tareas por hacer y la promoción y consolidación de programas auténticos de cumplimiento, bien pude ser una de ellas.

De ahí que se hayan recibido con entusiasmo las declaraciones que el nuevo superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dio a un medio de comunicación en días pasados en las que manifestó la posibilidad de crear una delegatura para promover los programas de cumplimiento, los que podrían obedecer a unas guías y parámetros expedidos por la autoridad.

Ello no significa, por supuesto, que deba aminorarse de alguna manera la persecución de los carteles empresariales, pero eso sí, al mismo tiempo es indispensable realizar reformas de fondo para hacer el régimen mucho más garantista y respetuoso del debido proceso.

De igual manera, se debe pensar en reformar las normas que tipifican las prácticas restrictivas, para actualizarlas y distinguir con claridad las conductas horizontales de las verticales, regular figuras como los acuerdos de colaboración empresarial, las cláusulas de no competencia, revisar tipos antitécnicos como los precios “inequitativos”, el paralelismo consciente y finalmente reformar sustancialmente el procedimiento de la investigación.

Todos estos temas, entre otros, serán objeto de debate en el foro “Los Retos del Derecho de la Competencia 2018 – 2022 “organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y el Cedec que se llevará a cabo el 13 de noviembre en el Gun Club y que contará con la participación del señor Superintendente.