Ticketmaster: el costo de una vigilancia tardía

En 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) aprobó la fusión entre Live Nation, el mayor promotor de conciertos del mundo y Ticketmaster, la plataforma de venta de boletas dominante en el mercado norteamericano. La operación fue autorizada con la condición de que Ticketmaster licenciara su plataforma tecnológica a su principal competidor y de que vendiera su filial Paciolan, con el fin de preservar la competencia en el mercado de boletería. Asimismo, se le prohibió usar[GI1] a Live Nation su poder para presionar a los recintos, estadios, salas de conciertos o coliseos a contratar a Ticketmaster.

No obstante, el colapso de la preventa del Eras Tour de Taylor Swift en 2022 y las denuncias reiteradas de recintos por haber sido presionados por Live Nation para abstenerse de contratar competidores de Ticketmaster generaron alarma entre los competidores de esa empresa y en el propio DOJ.

El colapso no fue solo un problema técnico. Se convirtió en evidencia pública de la falta de competencia real en el mercado de boletería y eventos en vivo. Tiket Master colapsó sin perder mercado.

Ante lo anterior, el DOJ demandó a Live Nation ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York con el fin de separar a esa compañía de Ticketmaster, se deshiciera la fusión autorizada en 2010, y se adoptaran otras medidas para restablecer la competencia en el mercado. A la demanda se sumaron cuarenta estados que alegaron, además, que Live Nation había tomado represalias contra los recintos que contrataran plataformas distintas a Ticketmaster. (The Washington Post)

El litigio comenzó el 2 de marzo de 2026. Una semana después, el Departamento de Justicia y Live Nation llegaron a un acuerdo: la compañía se comprometía a limitar sus cargos por servicio al 15% del precio de cada boleta en los recintos que posee y opera, eliminar los contratos de boletería exclusiva con 13 de sus recintos y permitir que a través de su plataforma competidores como SeatGeek y StubHub pudieran comercializar hasta el 50% de las boletas disponibles, en aras de acabar el proceso y evitar que el tribunal ordenara la separación definitiva de Live Nation y Ticketmaster. (Bloomberg)

Los cuarenta estados co-demandantes no fueron siquiera consultados y la mayoría rechazó los términos del acuerdo. El proceso se reanudó el 16 de marzo con 36 estados que decidieron seguir litigando por su cuenta. (Bloomberg ; PBS News)

Lo anterior pone de relieve uno de los mayores retos con los que se enfrenta una autoridad de competencia cuando se trata de aprobar una operación de concentración empresarial: el de predecir el futuro y determinar cuáles son los condicionamientos que debe exigir, para aprobar una operación esta naturaleza y su seguimiento posterior.

Se ha señalado que los condicionamientos impuestos en 2010 adolecieron de graves fallas. En su demanda de 2024, el propio DOJ admitió que aquellos condicionamientos no lograron restringir a Live Nation y Ticketmaster de incurrir en otras conductas anticompetitivas. (DOJ, 2024)

Pero más grave aún fue el deficiente monitoreo, vigilancia y supervisión en el cumplimiento de los compromisos. El DOJ reconoció que las violaciones de los compromisos habían comenzado poco después de su suscripción en 2010 y se habían repetido durante toda su vigencia. Sin embargo, en vez de exigir su cumplimiento, imponer las sanciones y adoptar los correctivos del caso, la respuesta institucional se limitó a prorrogar los compromisos por cinco años adicionales al término original de 10 años.

Este caso paradigmático ilustra cómo la autorización de una fusión con remedios débiles y precarios puede crear un problema estructural de muy difícil solución.