Gabriel Ibarra Pardo
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El pasado 23 de julio, la Comisión Europea sancionó a Google por incumplir el Reglamento de Mercados Digitales, conocido como DMA.
La sanción recae sobre dos conductas distintas, a las que se aplicaron multas de 460 y 430 millones de euros, respectivamente, para un total de 890 millones.
La primera es la autopreferencia en el buscador de Google. Cuando un usuario buscaba un hotel, un vuelo u otro producto, lo primero que aparecía eran los servicios de Google, en la parte superior y con formatos más vistosos, mientras que las opciones de sus competidores quedaban relegadas y con menor visibilidad.
La segunda versa sobre las restricciones que Google imponía a los desarrolladores en su tienda de aplicaciones: estos no podían avisar que el producto costaba menos en sus propias páginas web ni remitir allí al usuario.
La compra terminaba por realizarse en la tienda, donde Google cobraba comisiones superiores a las que permite el DMA.
Al margen de las connotaciones jurídicas del caso, reviste especial interés el contexto político y económico que lo rodea y la reacción de Estados Unidos a la sanción.
Al día siguiente de la medida, el presidente Donald Trump calificó de ilegal y desleal la sanción, en su red Truth Social.
Manifestó además que las multas europeas a las tecnológicas estadounidenses eran discriminatorias y operaban como una fuente de ingresos para las arcas comunitarias a costa de empresas de su país.
Trump advirtió que la Unión Europea pagaría un precio muy alto y anunció que abriría de inmediato una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, herramienta que le permite a Estados Unidos responder con aranceles a los países que, a su juicio, perjudican sus intereses, y que gravaría de forma significativa las importaciones europeas.
El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, añadió que su país prefería resolver sus objeciones al DMA mediante el diálogo, aunque las actuaciones recientes de la Unión pusieran en riesgo la estabilidad comercial transatlántica.
El terreno entre la Unión Europea y Estados Unidos ya estaba caldeado.
A las fricciones por el tratamiento que el DMA ha dado a las tecnológicas americanas se suman las propias de las relaciones comerciales entre ambos bloques, en momentos en que apenas empezaba a implementarse el acuerdo de Turnberry, la tregua comercial que fijó un arancel general del quince por ciento para la mayoría de los productos europeos que ingresan a ese país.
En contraprestación, la Unión eliminó buena parte de sus gravámenes sobre los bienes industriales estadounidenses. Cualquier chispa amenazaba con reavivar la guerra arancelaria que ese pacto había logrado contener.
Google anunció que recurrirá la sanción, y es de prever que la presión política y la amenaza de represalias comerciales se intensifiquen.
Una medida dictada con base en disposiciones legales sobre competencia terminó leída en Washington como una política industrial encubierta contra las empresas estadounidenses.
Sin embargo, la portavoz de Bruselas, Paula Pinho, manifestó que la Comisión acogía el llamado al diálogo que Washington había dejado abierto y estaba dispuesta a sentarse a conversar, pero advirtió que Europa conservaba la facultad de dictar y aplicar sus propias normas, de modo que la regulación digital no entraba en la negociación.
Habrá que ver en qué termina esta disputa y qué lecciones deja sobre la soberanía regulatoria ante las presiones comerciales de otro país.
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