Gobierno: A devolver las EPS

El funcionamiento del sistema de salud se ha convertido en uno de los temas que más genera controversias en el país. Desde el inicio del actual Gobierno, uno de los debates centrales ha sido la reforma a la salud. El Presidente y sus ministros han impulsado su aprobación, mientras la oposición advierte riesgos y denuncia su implementación anticipada mediante decretos e intervenciones ilegales.

Aunque la reforma no ha sido aprobada, con la bandera de acabar con las EPS el Gobierno parece no haber esperado al trámite legislativo y, en su lugar, ha optado por intervenirlas de forma abiertamente ilegal. La intervención de una EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud es una medida excepcional que solo procede cuando se presentan y se prueban fallas graves que ponen en riesgo la atención de los usuarios. Esta figura permite a la entidad asumir temporalmente su dirección y administración, separando a sus órganos de gobierno, designando un interventor con amplias facultades y controlando directamente su operación para corregir deficiencias o conducirla a liquidación.

En el caso de la intervención de Sanitas, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-277 de 2025, concluyó que dicha actuación no cumplió con el procedimiento que la Constitución y la ley exigen. El fallo determinó que no hubo trámite previo, expediente, traslado de información ni oportunidad real de defensa. La Procuraduría, por su parte, corroboró que no existía un solo documento que acreditara antecedentes o análisis previos, lo que evidencia la ausencia de soporte mínimo para una decisión de tal magnitud.

La sentencia también evidenció que la intervención se justificó en datos falsos y distorsionados. Se infló el número de tutelas, adjudicando a Sanitas procesos de otras entidades y se presentó una deuda de más de dos billones de pesos sin depurar, ocultando que gran parte correspondía a servicios que debía financiar el propio Gobierno.

A esto se sumó que la Superintendencia omitió analizar factores estructurales que la propia Corte calificó como determinantes para evaluar la intervención de la EPS. Entre ellos, la insuficiencia de la UPC, el incumplimiento en el giro de los Presupuestos Máximos y el no reconocimiento de glosas millonarias por servicios ya prestados. Según el fallo, pasar por alto este contexto no solo distorsionó el diagnóstico financiero sino que llevó a justificar la intervención con un déficit generado, en buena parte, por el propio Estado. La decisión judicial dejó en evidencia la gravedad de que el Gobierno actúe contra una EPS por problemas que él mismo contribuyó a provocar.

En consecuencia, la Corte declaró inconstitucional la intervención de Sanitas. Vulnerar el derecho al debido proceso y a la defensa, fabricar cifras y desconocer su propio papel en la desfinanciación del sistema deja al Gobierno muy mal parado. Quienes sostienen que se pretende implementar la reforma saltándose al Congreso, la Constitución y la Ley, parecen tener razones de sobra.

En línea con esta decisión, el Gobierno deberá devolver la EPS Sanitas. Aunque habrá que esperar los fallos sobre las demás intervenciones, los sólidos argumentos de esta sentencia anticipan un escenario claro: Gobierno, a devolver las EPS. La inquietud no será solo constatar las ilegalidades cometidas, sino el estado en que se reintegren estas entidades, muchas de las cuales ya han sufrido un grave deterioro bajo administración estatal.

Para cerrar, la reflexión es la de siempre: el Gobierno ha convertido en una práctica reiterada el desconocimiento de la Ley. Recuperar el correcto ejercicio del derecho en la función pública nacional será una de las tareas más importantes y difíciles del nuevo Presidente. Mientras tanto, estas decisiones judiciales deberían abrir la puerta a procesos disciplinarios, fiscales y penales contra los responsables.