La gobernanza pública en la cuerda floja

En Colombia, la concepción del gobierno corporativo suele asociarse a prácticas del sector privado y a las exigencias de los mercados de capitales, pero, en realidad se trata de un sistema de pesos y contrapesos diseñado para proteger la sostenibilidad de las organizaciones, asegurar la independencia en la toma de decisiones y, sobre todo, preservar la confianza de inversionistas, empleados y ciudadanos.

Recientemente, los episodios alrededor de la presidencia de Ecopetrol y, en el pasado, en EPM, durante la alcaldía de Daniel Quintero, han puesto en evidencia una discusión más profunda y estructural: la solidez o fragilidad de los mecanismos de gobernanza en las entidades públicas que administran activos estratégicos del país. En este caso, la discusión adquiere una dimensión mayor, pues se trata de una compañía listada en mercados internacionales, sujeta a estándares globales y a expectativas de transparencia que trascienden la política local. Parece que para el presidente de la República, sus ministros y, en general, para los colombianos, no es un tema relevante.

Recordemos que el presidente de la principal empresa del país, Ecopetrol, enfrenta cuestionamientos legales que han generado tensiones internas, presión sindical y debates prolongados en la junta directiva sobre su continuidad. Al respecto, el máximo órgano de dirección ha evaluado caminos que van desde respaldar su gestión con seguimiento estricto hasta considerar una eventual salida para proteger la estabilidad institucional. Al tiempo, la USO (el sindicato más grande) y accionistas minoritarios han pedido su retiro.

Pero, más allá de la persona, lo verdaderamente relevante aquí es la evidente fragilidad estructural del gobierno corporativo en buena parte del sector público colombiano, lo cual resulta altamente preocupante, considerando que el Estado tiene participación accionaria en aproximadamente 105 empresas (entre públicas y privadas).

Y es que, cuando los procesos de toma de decisiones empiezan a ser permeables a consideraciones políticas o a presiones externas, y se ubican al margen de los criterios técnicos previamente establecidos, se introduce un factor de incertidumbre que trasciende la coyuntura específica. El gobierno corporativo deja de ser un ancla de confianza para convertirse en una variable sujeta a negociación, con efectos directos sobre la credibilidad institucional.

El problema no es nuevo. En Colombia persiste una tensión histórica entre la lógica pública, marcada por la rotación política, la presión coyuntural y la lógica empresarial, que exige continuidad estratégica y autonomía técnica. Esta tensión se agudiza cuando las empresas estatales operan en sectores estratégicos, con exposición internacional y con impactos fiscales relevantes.

Así las cosas, considero que la lupa de este caso debe centrarse en las implicaciones de la fragilidad del gobierno corporativo, pues cualquier señal de debilitamiento institucional puede traducirse en mayores costos de financiación, pérdida de competitividad y erosión de valor para los accionistas, entre ellos millones de ciudadanos. No es filosofía, la confianza, considerada un atributo intangible, es realmente un activo económico concreto.

Por eso, el verdadero debate no debería centrarse únicamente en si un directivo debe continuar o no en su cargo. La discusión de fondo es si el país está dispuesto a fortalecer mecanismos de gobierno corporativo que garanticen decisiones oportunas, independientes y transparentes, incluso cuando estas resulten incómodas para el poder político o para los intereses de corto plazo.

Si el gobierno corporativo se convierte en una variable negociable, la institucionalidad se debilita, la confianza se erosiona y las empresas públicas dejan de ser motores de desarrollo para convertirse en escenarios de incertidumbre. Ese es el verdadero riesgo. En tiempos de transición energética, volatilidad global y competencia por inversión, Colombia no puede darse ese lujo, y el fortalecimiento del gobierno corporativo en entidades públicas no puede limitarse a una discusión técnica, por el contrario, debe concebirse como una condición indispensable para la estabilidad económica y la credibilidad del país.