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martes, 13 de mayo de 2014

Con más de 4.500 procesos fiscales en marcha queda evidenciado que hay contralora para rato, así algunos quieran verla en el “exilio”, muchos juristas han cuestionado el avance legislativo y eficacia tratándose de los procedimientos en el proceso auditor, que no solo regula la actividad de funcionarios públicos tratándose de administración de recursos del Estado, sino también es el máximo ente auditor de particulares con administración de recursos públicos, estos últimos han sentido un despliegue de actividad algo desprevenida tratándose de procesos de responsabilidad fiscal al sector privado, solo tratándose de negocios con el Estado.

De marzo de 2010 a la fecha esta administración ha tenido a su cargo, cerca de 1.300 fallos de responsabilidad fiscal, con un valor estimado de “recuperación” a favor del Estado de más de $2,5 billones, algo que hasta ahora marca un hito tratándose de órganos de control muy por encima de la efectividad de la Procuraduría General de la Nación; los recaudos efectivos suman los 17 billones; muchos reparos frente a la cantidad y cúmulo de procesos ordinarios que hoy ascienden a más de 3.900 procesos, frente a tan solo 607 que se están adelantando por el proceso verbal. 

En agosto próximo se sabrá quien será la persona encargada para ser la cabeza de este organismo, muchos son los candidatos, pocos los idóneos e impolutos. Llama mucho la atención que personas de la vida pública con patrimonios “exorbitantes” estén hoy en campaña para llegar a ser contralor de la República. Llama la atención como personas con ingresos superiores a los US$35.000 mensuales pretenden entrar en la puja de tan apetecido cargo,  pues es ahí donde el sector privado y el público, especialmente el real que tiene negocios con el Estado, debe ser veedor natural de la elección del próximo contralor general.

De la gestión fiscal en estos últimos cuatro años, el departamento con mayor recaudo a raíz del control fiscal posterior ha sido el de Santander, en donde se ha logrado recaudar más de $4.000 millones. Pero lo más llamativo de esto serán las duras decisiones que muy probablemente vienen en varios sectores, no solo el público sino también el privado. Recordemos como la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, figuras creadas por el actual gobierno, tiene hoy procesos de responsabilidad fiscal superiores a los $100.000 millones.

Pero sin lugar a dudas el más afectado antes de la salida de la actual administración por llamarlo de esa manera, será el sector privado pues dentro de los $13 billones que pretende auditar en procesos de responsabilidad fiscal la contraloría, muchos de estos recursos son de sector privado, ya veremos cómo reconocidas compañías posiblemente se vean afectadas con decisiones incluso comprometiendo el prestigio y las finanzas; sin lugar a dudas el papel de la actual contralora ha marcado un hito en lo que los colombianos esperamos en un próximo contralor y lo que la institucionalidad demanda. 

Sería muy importante empezar a socializar las hojas de vida de quienes ya están haciendo el ejercicio en las cortes, pues muy pronto se conocerá el resultado de esas ternas. Que bueno sería saber antes que las cortes tomaran decisiones sobre cada una de las hojas de vida que están evaluando para ello. También que los partidos políticos evaluaran y jugaran un papel preponderante más allá de los acuerdos politiqueros para dejar un prohombre en dicha posición, estamos más que seguros que una de las bancadas que más debatirán y analizaran el tema será la que debuta en el congreso, es decir el Centro Democrático.