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sábado, 17 de septiembre de 2022

En el año 2020 el confinamiento por el covid-19 incrementó el consumo de bienes y servicios. En el año 2021 se dio algo que podemos denominar el desquite del consumidor porque, en la medida de lo posible, salimos a comprar sin control. Durante esos dos años de solo consumo agotamos la existencia de muchos bienes, por ello, en estos momentos viene el freno a las compras de bienes a través de la inflación, esto para esperar que en el mundo se restablezcan los niveles de la producción de bienes.

La económica global está enfrentando una inflación sin precedentes, con lo cual se incrementaron los costos de producir bienes que consumimos en nuestro día a día. Esa inflación incrementa los índices de precios al productor, el IPP.

El IPP es uno de los indexadores que se aplica cuando se cobran bienes y servicios, como es el caso del servicio de energía eléctrica. Pues bien, ahí es donde está el problema, en la inflación, lo cual obedece a una situación global, no local, mucho menos atribuible a la Creg.

Contrario a lo que se viene mencionando en estos días, la Creg no es el problema es la solución. Y así está demostrado en las medidas regulatorias que ha adoptado para controlar y minimizar el impacto en el incremento de las tarifas aplicando para ello figuras como la de la opción tarifaria, la cual se ha aplicado en Colombia en varias ocasiones con resultados favorables tanto para los usuarios como para los prestadores del servicio de energía eléctrica.

Desde luego, a falta de un problema pueden llegar dos, a la inflación global debemos sumarle las particularidades locales como es que nuestros embalses no alcanzan a almacenar un alto porcentaje de la demanda anual en Colombia. Sumémosle que la obtención de permisos y licencias siguen siendo caminos tortuosos y si esos caminos no se superan los nuevos proyectos no se podrían construir y presentarían atrasos, lo cual terminaría incrementando los precios de la energía.

Y finalmente, la cereza del postre, que tampoco es un tema exclusivo de Colombia sino que se vive en diferentes latitudes, me refiero a que la conexión a la red de energía eléctrica enfrenta retos por insuficiencia de disponibilidad. Pero frente a ello, la Creg no es el problema sino la solución. Por ejemplo, a la Creg le debemos esa preciosa resolución que es la Resolución 075 de 2021.

Ahora bien, para retos grandes se requieren excelentes profesionales, donde no basta ser bueno, sino también alcanzar un mediano conocimiento técnico, y ojalá, algunos años de experiencia. Es decir, que no sean profesionales con un mar de conocimiento pero un milímetro de profundidad.

No se puede pretender intervenir una entidad tan especialmente técnica como la Creg para dotarla de profesionales que atiendan fines ajenos a la promoción de la libre competencia. Eso desataría una serie de litigios en contra del Estado, pero, lo más grave, podría terminar ahuyentando a los actuales y potenciales inversionistas de nuestro país. Y si hay algo que la transición energética requiere son inversionistas, incentivos y la creación de nuevos ingresos, eso es lo que hoy tenemos gracias a la Creg.

Desde el punto de vista jurídico considero que existen sólidos argumentos constitucionales y legales para afirmar que no se debe intervenir bajo ninguna circunstancia a la Creg. Pero si en algo suma, repito, la culpa es de la inflación y no de la Creg.