viernes, 22 de noviembre de 2013

Hoy muchas miradas están puestas sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sus nuevas fronteras. El  pasado 19 de Noviembre de 2012, la Corte Internacional de justicia de la Haya, le otorgó a Nicaragua el reconocimiento sobre más de 75.000 kilómetros cuadrados del mar territorial colombiano. Además de restablecer el límite marítimo entre ambos países (del meridiano 82 al 79), el fallo enclavo los cayos de Quitasueño y Serrana y significo una pérdida importante de recursos tanto ecológicos como económicos y culturales.

La pérdida de territorios fronterizos, en la región Caribe no es nueva. Recordemos que desde inicios del siglo XX el país pierde Panamá, y posteriormente en 1928 se firma el tratado Esguerra-Barcenas, que reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la costa Mosquita y las islas Mangle, haciendo que Colombia pierda costas, islas y mar. En 2001 Nicaragua realizó nuevamente una demanda frente a la CIJ de la Haya, disputando la soberanía de Colombia sobre las islas. Mientras que Nicaragua se esmero por consolidar su estrategia de defensa durante 11 años, Colombia no le prestó suficiente atención, y no incluyó importantes argumentos de defensa como la presencia de una población nativa (la isleña-raizal) o la  existencia de una Reserva de Biosfera declarada por la Unesco desde el año 2000. 

La resolución del diferendo territorial y la pérdida del mar,  ha traído consecuencias a todo nivel: Hoy las relaciones entre Nicaragua y Colombia son más tensas y nuevos actores como China y Rusia hacen presencia en la región a través de estrategias de cooperación económica y militar con Nicaragua. La pérdida de mar ha afectado la pesca artesanal e industrial, y muchas personas que estaban vinculadas a esta actividad, ven vulnerada su estabilidad económica Por otro lado la población isleña-raizal retoma sus reclamos de autonomía, mientras el estado trata de resarcir la pérdida marítima con auxilios económicos y políticas que no han sido bien recibidas entre diferentes sectores de la población. 

Además de las consecuencias a nivel y geopolítico, el fallo reactiva las reclamaciones de la autonomía de un sector de la población raizal. Estos reclamos no son nuevos y se remontan desde comienzos del siglo XX cuando los gobernantes de las islas pedían mayor atención de parte del gobierno central. Estas reclamaciones han denunciado desde hace muchos años la poca participación que tienen los habitantes insulares, sobre las políticas económicas  y políticas que se han instaurado en las islas (como el Puerto Libre en 1953 o el fomento a la industria turística desde 1970) y que han tenido por consecuencia el despojo y desposesión de poder económico y político de sus habitantes. 

Finalmente dos cosas sobresalen con esta situación: La primera es que la manera en que se lleva a cabo la defensa del caso por parte del estado colombiano, ignorando las reclamaciones de la población insular, evidencia el fracaso de la descentralización o regionalización del país. Para este caso es evidente el desconocimiento de las demandas locales, como aquellas que se plantean desde los pescadores artesanales, desde organizaciones e instituciones como el grupo Amen-sd (Archipielago Movement for Ethnic Native Self Determination), o la Universidad Nacional Sede Caribe, que llaman a atender los problemas estructurales de las islas y no solo a responder con las medidas asistencialistas (como los subsidios a pescadores durante 6 meses o la entrega de tablets a estudiantes de básica y media) que ha implementado el gobierno central desde hace un año.

Segundo, el fallo evidencia que los conflictos trasnacionales, van más allá de las soberanías de los estados. En este caso, la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia muestra que hay intereses económicos de distinto tipo en la región.  No es un secreto que posterior al Fallo, Nicaragua comenzó los procesos de exploración petrolífera y retomo el tema de la construcción del canal interoceánico atrayendo a empresas trasnacionales que vienen a a despojar las poblaciones de la región.  De igual manera el aumento de la presencia militar de ambos países con el objetivo de defender las soberanías nacionales, vulnera a pescadores y navegantes, para quiénes cada vez es más difícil moverse por el mar de la región.

Un año después el dolor y el desconcierto en las islas continúan. A pesar de ello, hay iniciativas que buscan hacerle el quiebre a esta situación: Pensar la sostebilidad del Archipiélago, la integración trasfronteriza con los países vecinos, y asegurarle una vida digna a la gente de las islas, son ideas que comienzan a posicionarse con fuerza. Ojalá el estado colombiano, no siga de espaldas a las islas, al mar, y su condición de pertenencia a la región Caribe. ¿Cuánto más necesitamos perder?