sábado, 1 de octubre de 2022

En los últimos años, los avances tecnológicos y las exigencias en materia de innovación, versatilidad, y diversidad han favorecido el auge de las denominadas “startups”. Considerando que las startups esencialmente se encuentran en una etapa temprana y de crecimiento hay quienes piensan que invertir en este tipo de compañías es una apuesta a ciegas.

Aunque innegablemente la mayor expectativa al invertir en una startup es la generación de valor futuro, esto no impide que el inversionista busque herramientas para conocer y entender la compañía y el negocio, así como realizar una análisis previo que le permita identificar los principales riesgos y retos que la compañía enfrentará a futuro.

Llevar a cabo una investigación previa a la inversión genera grandes beneficios para las partes involucradas. Desde la perspectiva del inversionista permite la toma de decisiones informadas y por el otro lado, obliga a los fundadores y a la compañía a “poner la casa en orden” con el fin de ser objeto del escrutinio de un tercero.

Uno de los factores fundamentales para el crecimiento y sostenibilidad de una startup es el acceso a financiación. Existen diferentes alternativas de financiación para las startups, dependiendo de su madurez, y sin perjuicio del capital inicial de los fundadores o “bootstrapping”, una fuente común de financiación es la venta de acciones de la sociedad a terceros.

Cuando hay un capital importante en juego, la adquisición de acciones de una startup usualmente se realiza siguiendo un proceso organizado desde el punto de vista financiero y legal. Usualmente, estos procesos contemplan una etapa inicial que se conoce como una “debida diligencia”.

Desde el punto de vista legal, realizar una debida diligencia es una forma de protección al inversionista, en la medida que, como resultado de los hallazgos identificados, el inversionista tendrá elementos de juicio para negociar el precio, la estructura, las condiciones del negocio y en última instancia, abandonar la transacción.

En la práctica, el principal objetivo de un proceso de debida diligencia es permitirle al inversionista conocer y comprender el riesgo legal asociado a la compañía y al negocio al cual le esta “apostando”. El alcance y profundidad de un proceso de debida diligencia legal varía en cada caso y los temas a profundizar se determinan dependiendo del tipo de sociedad, las particularidades y asuntos regulatorios del negocio, la estructura de capital y de gobierno corporativo, entre otros aspectos a considerar.

Otra ventaja de realizar un proceso de debida diligencia legal, de forma previa a la formalización de la inversión, es que el mismo identifica elementos clave, que usualmente tienen un impacto importante en la determinación del precio y de la garantías que deberán exigirse en el marco de la transacción. Incluso proporciona los elementos para determinar la estrategia y acciones para mitigar los riesgos identificados.

Finalmente, desde el punto de vista de los accionistas fundadores, si bien puede ser retador en cuanto a tiempo y esfuerzo, la consolidación y organización de los documentos y soportes para atender los requerimientos de información propios de una debida diligencia legal tiene varios aspectos positivos, incluyendo que le dará a la startup un desglose de sus fortalezas y debilidades, les ayudará a identificar riesgos e incluso, como mencionamos previamente, los obligará a evaluar alterativas para abordar y en lo posible solucionar los mismos.