miércoles, 23 de febrero de 2022

Lo que sucedió en días pasados en el municipio Santa Rosa de Cabal, ubicado en el departamento de Risaralda, demuestra todo lo que está mal en temas de uso del derecho penal y de la sociedad.

Una señora de 86 años pasando hambre entró a un local y se apoderó de tres libras de arroz para comérselas o cambiarlas por otros bienes, ¡quién sabrá!, pero en todo caso no con ánimo de lucro sino con ánimo, o mejor desánimo, del hambre, eliminando de entrada ese requisito que algunos llamaban elemento subjetivo diverso del dolo y, por ende, la conducta prácticamente no le interesa al derecho penal.

Pero, a quienes sí les debiera interesar la conducta es a las autoridades del municipio. Y aquí es donde viene la otra enseñanza: el dueño del local, un miserable que en vez de preocuparse por la anciana y avisar a algunas autoridades para que le preguntaran qué necesidades tiene que la hacían apoderarse del arroz para comer y tratar de ayudarla, llamó a la Policía y, no contento con ello, ante la peligrosa delincuente pidió cárcel para ella. ¡Miserable! En cambio, el alcalde activó los protocolos de cuidado de la dama como debe ser.

El avaro comerciante preocupado por tres libras de arroz que seguramente lo “empobrecerían”, en vez de preguntarse qué falta para que esa señora, que podía ser su abuela, no estuviera en esas condiciones y el alcalde, aplausos para él, a quien no conozco ni de su nombre ni partido, sí se ocupó en resolver las condiciones mínimas de salud de la “Osama arrocera”.

Desde el Congreso y otros lares quieren venderle al pueblo la idea de que la solución está en aumentar penas, crear delitos, más detención preventiva y resulta que no.

Este caso debe servir para, una vez más, demostrar que los problemas del país no se solucionan con el derecho penal, sino buscando que se hagan efectivos los derechos mínimos de una persona, como lo son la salud, la educación y obviamente poder comer arroz con pollo, con huevo, con atún, atollado, paella o como quiera, sin tener que entrar a cogerlo sin permiso en el local de un avaro comerciante, quien seguramente todo lo ha ganado con esfuerzo, sudor y trabajo, pero que esa posición es la que le da también un deber con personas indefensas como aquella que osó quitarle su preciado oro blanco.

La Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, es el último caso de este error en sede de política criminal, aumenta penas, crea conductas, confunde en el tema de legítima a defensa y, lo más importante para el tema que hoy nos ocupa, a los “reincidentes” los trata como enemigos, sin diferenciar ni investigar el por qué se da la repetición.

Esta ley no cuenta con ningún enfoque diferencial, no le importa el por qué, solamente le muestra la sangre en la arena al público sediento, pues las personas que tienen hambre y no encuentren salida a esto, a pesar de que las han buscado, seguirán cogiendo arroz, leche, frutas, jabones, desodorantes y esos reincidentes, por cuenta de un Congreso cómodo y sin problemas en la atención básica, irán a la cárcel en donde, a diferencia de otros países, tampoco comerán por ausencia de alimentos en todas las cárceles, ni siquiera tendrán una estancia adecuada y menos una cama caliente, por el hacinamiento.

La sociedad debe tener acceso a una buena calidad de vida, porque es desde ahí, la base, que se evitan los delitos a futuro.