jueves, 30 de enero de 2020

Cuatro son los cambios que propondré hoy, una vez más, que debe contener una buena reforma a la justicia en materia penal y que espero no pase de este año. Este va a ser un año de cambios en la justicia colombiana gracias a la elección del Fiscal General y de ocho nuevos magistrados en la Corte Suprema. Espero que estas ideas sean escuchadas, ya que beneficiarán al país.

rimero, que los jueces penales no puedan ser investigados ni acusados por la Fiscalía. Es absurdo que una de las partes dentro del proceso tenga la potestad de investigar a quien debe ser el árbitro entre la defensa y la acusación. Estamos repletos de ejemplos en donde un juez que respeta las garantías y otorga una libertad o decreta ilegal una captura, es amenazado e investigado por la Fiscalía, porque no gustó de su decisión. Para que quede claro que no hay imparcialidad: no he visto que la Fiscalía investigue al fiscal que pidió una captura que es contraria a la ley o porque realizó un allanamiento arbitrario.

Segundo, la presencia del Ministerio Público en el proceso penal es una absoluta violación al principio de igualdad de armas. El nuestro es un sistema de partes, un debate entre Fiscalía y defensa principalmente, la presencia de la víctima ya es una desigualdad necesaria, pero la del Ministerio Público que, casi siempre apoya a la fiscalía, es una clara violación del principio de igualdad y del derecho de defensa. Podría pensarse que estos servidores sean de ahora en adelante quienes investiguen penalmente a los jueces. No se trata de criticar a las personas que ostentan el cargo, se trata es de que la figura por sí sola del delegado de la Procuraduría o Personería atenta contra la estructura constitucional del sistema, más aún, cuando la Procuraduría puede estar investigando los mismos hechos, las mismas personas en su jurisdicción disciplinaria, generando un factor más de desigualdad para la defensa.

Tercero, los defensores públicos deben ser contratados en condiciones dignas, debe existir una jerarquía igual o equivalente a aquella donde ejercen su labor , defensores ante jueces municipales, ante jueces del circuito y así hasta defensores en casación y tener una remuneración igual a jueces y magistrados en donde ejercen. Así mismo, fortalecer los medios humanos y técnicos investigativos de la defensoría pública, contar con las herramientas tecnológicas y una buena infraestructura física también dignifica su trabajo.
Cuarto, Medicina Legal es parte de la Fiscalía, depende de ella y no debe ser así. El Instituto Nacional de Medicina Legal debe ser imparcial en la búsqueda de la verdad y eso no es posible si este ente no es independiente. Es urgente darle independencia y presupuesto propio.

Estas no son las únicas propuestas, pero sí prioritarias y de fondo. Es hora de preocuparnos por lo importante y no de reformas formales que nada aportan al desarrollo y mejoramiento del sistema penal. Adenda: ¡defensores!, no es legal que nos obliguen a designar un defensor suplente, es una posibilidad, un derecho del cliente o del titular del poder, pero jamás, jamás, una obligación que pueda imponer juez alguno.

P.D. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, del que hago parte, realizará un congreso el próximo 6 y 7 de marzo en el Hilton Garden de Barranquilla. Invito a todos los abogados penalistas litigantes que quieran participar a estar pendiente de la cuenta de twitter @CPenalistas para inscribirse