jueves, 19 de noviembre de 2015
El gobierno Colombiano enfrenta exigencias de cara al proceso de paz: tiene las obligaciones de investigar, juzgar, sancionar crímenes de guerra y contra los derechos humanos, e indemnizar víctimas, impuestas por la Constitución Nacional, el Estatuto de Roma (ER), las convenciones de Ginebra de 1949 sus protocolos adicionales y la convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene las exigencias de los negociadores de las FARC, además debe responder a una ciudadanía que cada día pierde fe en esta causa.
La jurisprudencia y doctrina internacional conciben formulas proporcionales para aminorar las penas de los combatientes que han cometido crímenes en un conflicto armado.
Las Farc piden para sus líderes la libertad y sobre todo participación política, petición compleja frente a cualquier teoría penal u obligación internacional, argumentando que no han sido derrotados, ellos están en una negociación más no un proceso de entrega, tanto así que le han hecho saber a la nación, que solo dejaran las armas cuando se hayan cerciorado completamente de que sus peticiones han sido satisfechas, parecen olvidar que ellos también deben responder e indemnizar a las víctimas dado que no solamente el gobierno debería asumir esto.
Uno de los problemas principales que enfrenta el gobierno es la refrendación de los acuerdos. Inicialmente prometida en clima favorable, posteriormente exigida por las FARC como garantía de la estabilidad jurídica de los acuerdos y usada como arma política por la oposición al proceso, el gobierno es consciente que la combinación de la falta de legitimidad estatal, en combinación con el desagrado de la mayoría de la población votante frente a una organización como las Farc, pueden ser una estocada mortal para el proceso de paz, pero lo correcto es optar por un mecanismo que garantice la seguridad jurídica de los acuerdos y sobre todo que refleje la opinión de los ciudadanos. De acuerdo al Cerac, a la terminación del conflicto los beneficios económicos y sociales serían tangibles, según un artículo publicado por esta organización titulado, Colombia: El fin del conflicto generará beneficios económicos sustanciales, revela un nuevo informe del Pnud, “el aumento anual del PIB, que fue de 4,3% en 2013, sin conflicto hubiese podido ser de 8,7 %”. Sin mencionar las posibilidades traídas por detener el daño en los medios de producción económica y al medio ambiente, que según informes como el muy criticado de Natalia Springer, asciende a más US$42.000 millones.
La mayor encrucijada está en las consecuencias del posconflicto, por un lado los beneficios mencionados, sin olvidar el gasto que significará la indemnización de víctimas y reinserción, por otro, perdonar conductas criminales y ver a personas consideradas enemigos públicos haciendo política. El proceso de paz parece una apuesta donde el futuro del país está en juego ¿será este el camino a una paz duradera?
